El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles que se modificará la Ley de Transparencia del Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto.
“Un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”, ha señalado Montoro, que ha indicado que los gestores públicos que falsean la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los gestores públicos que cometen igual delito.
Montoro ha indicado que se debe exigir rigor en la gestión de un gobierno. “Si un gobierno quiere gastar más que se lo pida subiendo los impuestos a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese gobierno es correcto. Lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora”, ha advertido.
El ministro también ha avanzado que la línea ICO para que las comunidades autónomas puedan afrontar pagos pendientes con sus acreedores “podría estar lista en un par de meses”.
Ésta es una de las medidas que puso ayer el Gobierno sobre la mesa durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aliviar las finanzas autonómicas y avanzar así en el objetivo de reducir el déficit público.
Facturas pendientes
Montoro, en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, ha señalado que la intención del Gobierno es que esos proveedores a los que las autonomías deben dinero puedan cobrar las facturas pendientes “antes del verano”, pues las deudas que las comunidades tienen con ellos, que en algunos casos vienen de lejos, les está impidiendo que puedan financiarse e incluso el cierre de negocios.
El ministro de Hacienda ha indicado que esta línea de crédito extraordinaria podría estar lista “en un par de meses”, aunque también ha hablado de “pocas semanas”. El plazo para su puesta en marcha, ha dicho, se irá viendo a medida que se vayan identificando los proveedores que tienen que cobrar. “Nuestra intención es que cobren antes del verano”, ha insistido.
También “en las próximas semanas”, ha precisado el ministro, se aprobará la ampliación a diez años del plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros), así como el adelanto que hará el Gobierno a las autonomías de la liquidación del ejercicio 2010 y que supondrá que reciban antes de julio, como estaba previsto, unos 8.000 millones de euros.
Montoro ha recordado que los mecanismos que va a arbitrar el Gobierno para procurar liquidez excepcional a las comunidades autónomas están condicionados a la presentación por su parte de un plan de viabilidad presupuestaria y a que el compromiso por la reducción del déficit público se plasme en un recorte de sus entes públicos.