En 2012, el Gobierno de Canarias presupuestó un gasto de 366,3 millones de euros en infraestructuras, pero solo fue capaz de ejecutar 191,02 millones. En 2014, proyectó 87,87 millones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), aunque comprometió menos de la mitad, 33,96 millones. Y en 2018 acordó desembolsar poco más de 50 millones en políticas de acceso a la vivienda, pero destinó más del doble, unos 102,53 millones.
Es una tendencia radicada en Canarias y en el resto de España, como pudo comprobar la Fundación CIVIO: del dicho al hecho en los presupuestos hay un trecho. El gasto de las partidas económica casi nunca se ajusta a lo inicialmente estipulado. Y eso que la aprobación de las cuentas, siempre pactada por estas fechas, cuenta con una publicidad mucho mayor que su cumplimiento, más difícil de fiscalizar.
El análisis de las cuentas del Archipiélago desde 2012 hasta 2022, el último curso con cifras consolidadas, demuestra que hay programas, como el sanitario, que siempre consumen más recursos económicos que lo presupuestado, que hay otros, como el educativo, que suelen cumplir, más o menos, con su previsión, y que hay muchos, como el de infraestructuras e industria y energía que rara vez superan sus estimaciones, sino todo lo contrario.
Las causas son múltiples. En el caso de las obras públicas, fuentes consultadas creen que el Ejecutivo canario tiene la mala costumbre de proyectar en un corto periodo de tiempo el gasto total de una carretera o depuradora, por ejemplo, pese a que rara vez cumple con los plazos de ejecución. Eso provoca que las cuentas se sobrestimen a principio de año y después no haya forma de migrar el presupuesto a otro capítulo, pues muchos de estos fondos son finalistas, es decir, no pueden dedicarse a otra cosa.
La tendencia en el programa de infraestructuras es bastante clara. En 2012 gastó menos que lo acordado, luego tuvo unos años muy buenos en plena crisis financiera, pero volvió a las andadas en 2018. Otro capítulo que siempre se queda corto es el de alta dirección, donde están enclavados los gastos de asesoramiento del Gobierno. En la misma línea se encuentran los relativos a industria y energía, seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias y política exterior.
La otra cara de la moneda está encabezada por sanidad. Es una política que siempre, sin excepción, gasta más que lo presupuestado. Hace diez años, los aumentos eran de entre el 10 y el 15%. Sin embargo, a partir de la pandemia de coronavirus, los servicios sanitarios públicos de las Islas reciben alrededor de un 25% más que lo acordado en las cuentas. En 2021, el año de mayor incremento, iban a percibir 3.225 millones de euros, pero acabaron recibiendo 4.063 millones.
A las fuentes consultadas no les sorprende. Asumen que es “complicado” no pasarse con sanidad, en especial en lo que respecta a suministros y gastos farmacéuticos. “¿Cómo le dices a un hospital que no prescriba un medicamento porque no hay dinero?”, cuestionan. El Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) ha tratado de enterrar estos excesos ajustando el presupuesto a gasto real. Este año, la Consejería de Sanidad cuenta con un crédito definitivo de 4.114 millones de euros. De ese total, se habían comprometido 2.401 millones a mitad de curso. Este mismo año, CC y PP también acordaron incrementar el gasto en conciertos con clínicas privadas.
En el programa de fomento del empleo, también se destina mucho más que lo presupuestado. Lo mismo ocurre con el capítulo de deuda pública, que registra años tras año aumentos más que considerables en este sentido. En 2020, por ejemplo, las cuentas mostraron que esta partida recibiría 83,64 millones de euros; no obstante, recibió finalmente más de 4.269 millones de euros, un 5.033% más. Conviene recordar que Canarias es la comunidad autónoma con menor ratio de deuda pública, con 2.928 euros por habitante frente a los 6.745 euros del resto de autonomías.
Mención aparte merece la partida de I+D+I, que hace una década solía quedarse corta y desde 2018 ha cambiado la dinámica, aunque con menos presupuesto que entonces. Educación también ha seguido los mismos pasos, pero de forma menos abrupta. Antes gastaba un poco menos de lo que tenía; ahora tan solo un poco más. El programa de comercio, turismo y pymes destinó un 845,81% más en 2021 porque el Ejecutivo fue beneficiario de un paquete de ayudas de 1.144 millones para empresas y autónomas a causa de la COVID-19. De resto, su ejecución solía ajustarse a lo pactado.
A pesar de los vaivenes en la distribución del gasto, los presupuestos de Canarias no han alcanzado nunca en su historia reciente el 100% de cumplimiento. Desde 2010, el porcentaje de ejecución más alto es del 96,72%, logrado en 2014. Hay partidas que pueden moverse de un capítulo a otro, pero muchos de los fondos, como los del convenio de correteras, solo pueden justificarse habiéndolos destinado al fin por el que fueron transferidos.
En otras ocasiones, el problema varía: los programas se inflan ante la previsión de realizar más pronto que tarde una actuación concreta, pero eso no siempre es así. Está pasando mucho ahora con los fondos europeos de reconstrucción, cuyos desembolsos son anunciados desde el primer minuto y ejecutados tiempo más tarde. O surgen imprevistos, como la COVID, que obligan a redistribuir los gastos en un mismo departamento.
“El modelo presupuestario está pensado para el control de la legalidad a través de la fiscalización de unos órganos de la Administración sobre otros, lo que se conoce como rendición de cuentas horizontal”, pero no para la vigilancia y control externos, le dijo el profesor del departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo Jesús García a la Fundación CIVIO.