Los sindicatos CCOO y UGT en Canarias denunciaron este miércoles que el Servicio Canario de Empleo no les facilita la documentación que reclaman sobre empresas que supuestamente cometen fraudes en sus contrataciones, de lo que corresponsabilizaron a este departamento del Ejecutivo regional.
Así lo afirmaron sendas centrales sindicales en un comunicado conjunto en el que consideraron que esta forma de actuar pone de manifiesto “la falta de interés del Servicio Canario de Empleo por poner freno a la contratación irregular, al fraude en la contratación y a la economía sumergida en Canarias”.
Los sindicatos explicaron que el Servicio Canario de Empleo (SCE) fija en su propio reglamento y en el de las comisiones de seguimiento que derivan del mismo, las herramientas para combatir el fraude en la contratación, “que, bien aplicadas, harían que algunas empresas desistieran de realizar este tipo de irregularidades, o por lo menos, no lo hicieran tan libremente”.
Sin embargo, denunciaron que, tras solicitar, en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral en Canarias, las copias básicas de los contratos de aquellas empresas de las que han recibido “repetidas denuncias sobre contratación irregular, la respuesta por parte del SCE desde septiembre de 2009 ha sido la negativa a esta solicitud”.
CCOO y UGT destacaron que con anterioridad a esa fecha sí se facilitaba esta documentación a los agentes sociales, por lo que dijeron no entender “este cambio de actitud”, ante el que han reclamado el pasado mes de febrero.
La respuesta obtenida por parte de la presidente de la comisión de Contratación ha sido “que la documentación de contratación en las empresas solicitadas no se va a facilitar por orden expresa del director del SCE, Alberto Génova Galván”, quien “ha manifestado públicamente su rechazo a la participación de los sindicatos en los distintos órganos relacionados con” este servicio, aseguraron CCOO y UGT, donde ambos tienen representación.
A juicio de las organizaciones sindicales, esta actitud del SCE “sólo beneficia a las empresas que practican este tipo de irregularidades y perjudican gravemente a los trabajadores que las padecen”, por lo que creen que este servicio “es corresponsable del alto nivel de fraude en la contratación en Canarias y de las empresas que lo practican”.
Además, exigieron “una mayor transparencia en la gestión del Servicio Público de Empleo”, ya que, en su opinión, gestiona dinero público y destina partidas económicas, “algunas de ellas millonarias”, a planes de empleo cuya evaluación sobre la efectividad de sus resultados no conocen, como tampoco saben “si realmente están sirviendo para la inserción laboral de los colectivos de desempleados para los que fueron diseñados”