La Seguridad Social ha dejado de recaudar en la última década al menos 77 millones de euros en Fuerteventura por la falta de personal en su única oficina de la isla, situada en la capital, Puerto del Rosario. Así lo reconoció el director de la Tesorería General en la provincia de Las Palmas en una reunión celebrada el pasado viernes con representantes sindicales y empresariales, según han confirmado a este periódico algunas de las personas presentes en ese encuentro. La administración estatal no dispone de suficientes trabajadores para tramitar determinadas deudas en la vía ejecutiva o para realizar subastas de bienes embargados por impagos de cotizaciones.
Los sindicatos con representación en la denominada Comisión Ejecutiva de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas, CCOO y UGT, ya han puesto esta información en conocimiento del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado y el sector público español, ante la posibilidad de que esa falta de requerimientos y cobros en Fuerteventura sea extensible a otras islas del Archipiélago e incluso “que sea la norma de actuación” de esta administración.
Fuentes sindicales sostienen que la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE) del organismo estatal en la isla majorera dispone de tan sólo tres trabajadores, una cantidad insuficiente para gestionar todos los expedientes, entre ellos los de subastas de bienes, que requieren, en palabras atribuidas por los representantes de los trabajadores al propio director de la Tesorería General, de unos trámites “engorrosos” que ocupan a varios funcionarios.
Las fuentes consultadas remarcan que el incremento de plantilla es una vieja reivindicación sindical, no solo en Fuerteventura, sino también en el resto de las Islas, donde la carencia de medios humanos afecta, en mayor o menor medida, a las tareas recaudatorias.
De momento se desconoce qué porcentaje de la cifra calculada por la Tesorería General, de esos 77 millones de euros, corresponde a deuda ya prescrita (los expedientes caducan a los cuatro años). En el escrito remitido a la Audiencia de Cuentas, los sindicatos sugieren la realización de una auditoría sobre las cuentas de la Seguridad Social en Las Palmas para “comprobar los extremos alegados” por sus representantes en la provincia.
Los trabajadores sostienen que esta pérdida de recaudación puede tener incluso repercusiones penales, puesto que “quien elige a qué empresas y reclamaciones dedica personal puede decidir distraer determinados expedientes a voluntad”. Reclaman a la Audiencia de Cuentas que se aplique en la búsqueda de “la mayor información” al respecto y que les mantenga informados de los resultados de esa consulta.
CCOO y UGT han expresado su profunda preocupación por el “notorio perjuicio” que esta situación puede acarrear para las arcas del Estado, máxime en un momento como el actual, con el futuro de las pensiones en el aire después de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se vaciara en un 90% durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
La popularmente denominada hucha de las pensiones ha perdido en los últimos siete años más de 58.000 millones de euros, de los 66.815 con los que contaba durante el último año de José Luis Rodríguez Zapatero hasta los 8.061,56 anunciados esta misma semana. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció este lunes que la situación es “de todo menos halagüeña”.
La Delegación del Gobierno de España en Canarias no ha contestado, de momento, a las preguntas formuladas por este periódico el pasado martes por la mañana.