El Gobierno de España ha aprobado este martes el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños causados por la erupción volcánica de La Palma por un importe total de 208 millones de euros, como anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El documento recoge una serie de disposiciones dirigidas no solo a paliar daños personales, en viviendas y establecimientos comerciales y de servicios, sino también implementar varias acciones, enmarcadas en un plan de empleo y formación extraordinario dotado de 63 millones de euros, para que la isla afectada diseñe una estrategia empresarial que se active una vez el volcán cese su actividad, con el objetivo de recuperar la situación previa a la erupción.
En primer lugar, el Ejecutivo ha acordado una cuantía máxima en caso de que la vivienda habitual haya sido sepultada totalmente por la lava: 30.240 euros. Esta concesión no significa que las familias afectadas solo vayan a recibir ese dinero si han perdido su casa. Es una ayuda aparte de la compra de viviendas que ya han iniciado el Gobierno estatal y de Canarias, que la semana pasada aprobaron destinar 10,5 millones de euros para cofinanciar la compra de hasta 107 domicilios de titularidad pública o privada para el realojo de las personas que han perdido su hogar, así como para la adquisición de enseres de primera necesidad.
Si la colada ha dañado parcialmente la vivienda habitual, la cuantía será de 20.640 euros; si no ha afectado en nada, 10.320; por daños elementales comunes de uso general de una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal: 18.448 euros. En cuanto a las subvenciones destinadas a paliar daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, el Real Decreto-ley del Gobierno no detalla el importe si el afectado no ha sido indemnizado por el Consorcio de Compensación de Seguros, si ha sido así, la ayuda será de hasta el 7% de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro, hasta el valor máximo de 9.224 euros.
También habrá ayudas a las corporaciones locales por gastos causados para hacer frente a la emergencia volcánica. En este caso, el texto aclara que el importe será de hasta el 100% de los referidos gastos de emergencia. No se refiere a reparaciones o reposiciones en infraestructuras, sino que podrán subvencionarse aquellas actuaciones inaplazables que se hayan llevado a cabo con el fin de garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Como ejemplo, encontramos la retirada de cenizas y la evacuación, alojamiento y alimentación de personas desalojadas. Por otro lado, se concederán ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes con motivo de haberse producido una situación de emergencia, como bomberos y agentes de policía.
Todas las ayudas mencionadas podrán ser solicitada en un plazo de seis meses, a contar desde que las viviendas o los establecimientos comerciales se hayan visto afectados o desde que se hayan realizado los gastos por las corporaciones locales para hacer frente a la crisis. En materia de vivienda, el texto explicita que se flexibilizan los medios de prueba para acreditar su titularidad y los daños causados. Se admitirá como medio de prueba cualquier documento que demuestre dicha titularidad, como los recibidos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros de análoga naturaleza.
Sobre el Plan Extraordinario de Empleo y Formación para la isla de La Palma, se financiará con 63 millones de euros y será compatible con otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad que provengan de otras administraciones, ente públicos o privados bien sean nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. “Las acciones vinculadas a estos fondos responderán a la necesidad de promover la empleabilidad y adaptabilidad de las personas trabajadoras, su inserción en sectores de actividad diversificados, así como el mantenimiento del empleo”, detalla el texto.
El desglose de gastos para este Plan es el siguiente: proyectos extraordinarios de empleo para la recuperación y rehabilitación de entornos afectados: 25 millones de euros; formación para la cualificación en otros sectores productivos o emergentes con prioridad para las personas en ERTE o ERE como consecuencia de la catástrofe (8); planes mixtos de empleo y formación para sectores vinculados con la transición ecológica, economía verde, economía azul, economía circular, nuevas tecnologías (18); orientación laboral para empresas y trabajadores (2) y ayudas económicas para infraestructura y equipamientos para los autónomos y empresas de economía social para la reestructuración de sus actividades (10).
Para el sector primario aún se desconoce el importe
El sector que mayoritariamente da de comer a los vecinos afectados de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, el sector agrario y pesquero, aún desconoce cuál es el importe exacto de ayudas que recibirá en los próximos meses. El texto habla de “compensar” los perjuicios provocados por la erupción y “restaurar” las infraestructuras rurales de uso colectivo previas a la catástrofe. Habrá subvenciones a los armadores y tripulantes de los buques pesqueros con puerto base en Tazacorte y otros puertos que no han podido salir a faenar estas semanas. De la gestión de estas ayuda, compatibles con el resto de acciones impulsadas por el Gobierno de Canarias, se encargará el Ejecutivo autonómico en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, el Estado promoverá la permuta de fincas afectadas por otras de titularidad pública en que se puedan reubicar las explotaciones agroalimentarias afectadas.
Moratoria, ayudas fiscales y de contratos de suministros y servicios
Entre las medidas fiscales se incluye la exención del IBI para las viviendas y negocios dañados, la rebaja de las cuotas del IAE y el aplazamiento del ingreso de las deudas con Hacienda de las declaraciones cuyo plazo de presentación finalice desde la entrada en vigor del decreto ley hasta final de año. También se exonera a los afectados por la lava del cumplimiento de contratos de compraventa o de servicios y suministros
Por otro lado, se incluye entre las medidas una moratoria legal de amplio alcance, para la que se ha tomado como referencia la establecida durante la epidemia de la COVID-19, en relación con las deudas asociadas a créditos y préstamos de los afectados por la erupción, con una duración inicial de seis meses ampliable en otros seis por acuerdo del Ejecutivo. Y se articula, a su vez, un aplazamiento de los pagos de las facturas de electricidad a autónomos ubicados en la isla de La Palma, que se prolongará también durante seis meses a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. igualmente se establece excepcionalmente la posibilidad de que los afectados puedan disponer anticipadamente de los derechos consolidados en los planes de pensiones de los que sean partícipes, para que puedan atender necesidades sobrevenidas y urgentes de liquidez.
¿Las ayudas llegarán rápido?
Esa pregunta es difícil de responder. El texto aclara que cuando sea posible evaluar los daños e identificar las actuaciones a realizar, se concederán de manera directa las ayudas destinadas a la reparación y reestructuración. Para ello, según el documento, se contempla un procedimiento (del que no se aportan más detalles) que permita que las ayudas propias de la fase de recuperación puedan llegar a sus destinatarios de la manera más rápida posible. Será el Ministerio de Política Territorial el encargado de establecer las condiciones, seguimiento y control de las subvenciones.