El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló este jueves en Madrid que aunque es cierto que, cuando era vicepresidente del Gobierno regional, defendió en la Comisión Bilateral Canarias-Estado que la Comunidad Autónoma tuviera competencia para autorizar prospecciones petrolíferas, sólo lo hizo “hasta que el Estado dijo que no era constitucional”.
“Es una cuestión de ajustarse o no al derecho constitucional”, manifestó Soria dando a entender que con ello habría dado por buenos los argumentos del Gobierno, entonces del PSOE, en la Comisión Canarias- Estado.
El ministro realizó estas consideraciones tras participar en el madrileño Hotel Ritz en un almuerzo-conferencia organizado por el Foro Nueva Economía y patrocinado por Repsol [vea las imágenes].
Según dijo el ministro a los periodistas, durante el almuerzo el presidente de Repsol, Antonio Brufau, le habría vuelto a reiterar que, de acuerdo con los estudios efectuados ya por Repsol entre 2001 y 2003 en la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura, allí “hay una probabilidad elevada” de que haya petróleo o gas “en buena cantidad”.
Brindis ministerial
Durante la conferencia, en la que Soria fue presentado por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y que finalizó con un brindis “por sus proyectos” del ministro de Defensa, Pedro Morenés, Soria volvió a mostrarse claramente partidario de que se reanuden las prospecciones, porque “Canarias no se puede permitir renunciar a ellas” con un 30% de paro.
Asimismo eludió referirse, a preguntas de los presentes, a las fricciones que en el pasado está cuestión había creado con Marruecos y a la cuestión de la delimitación de las aguas.
Según Soria, un hallazgo de petróleo o gas en las cercanías de Canarias supondría una importante reactivación de la economía canaria y una “verdadera diversificación” de su industria y sus puertos y la plataforma más cercana no tendría efectos nocivos sobre el turismo, al estar a unos 60 kilómetros de la costa.
En este sentido, subrayó que el Ministerio procederá “de acuerdo con el interés general de España y de los canarios”, una vez sean oídos los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y el Gobierno de Canarias en el actual trámite de audiencia.