El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar este lunes a los 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia que están imputados en la causa en la que se investiga la fusión de las cajas que dieron origen a la entidad y su posterior salida a Bolsa, informaron fuentes jurídicas.
Los dos primeros imputados que declararán ante el juez instructor son el presidente de La Caja de Canarias, José Manuel Suárez del Toro, y el secretario del Consejo de Administración de Bancaja, Ángel Villanueva Pareja. Ambos formaban parte del Consejo de Administración del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la entidad.
Las comparecencias en esta causa, iniciada a partir de una querella interpuesta por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y otra del colectivo 15MpaRato, se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
A los 33 imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
Indicios de defraudación
En un auto dictado el pasado 4 de julio, el juez Andreu señalaba que los hechos denunciados “encajan plenamente en el concepto material de defraudación” y advertía de que la quiebra de la entidad “podría desestabilizar todo el sistema financiero del país”.
Según la querella presentada por UPyD, el deterioro patrimonial de la entidad fue “creciendo progresivamente en un breve espacio de tiempo, pasando el balance en pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros”.
“La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento”, señalaba el juez en su auto antes de recordar que el plan de saneamiento y capitalización del grupo ascenderá a 23.465 millones de euros, lo que “supone, sin duda, un grave perjuicio para la economía nacional”.
De igual modo, destacaba la “suma relevancia” de Bankia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes, un volumen de negocio que supera los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros.
También hacía hincapié en “la trascendencia de los hechos que son objeto de la querella, el número de querellados y el interés de la investigación penal”.
UPyD denunció que los consejeros de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA) distorsionaron las cuentas de ambas entidades para crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo cual les sirvió para “mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores”.