Mientras una treintena de trabajadoras de Fundescan mantienen su encierro a las puertas de las oficinas principales de UGT en Santa Cruz de Tenerife, Julieta Martín Sá, la directora de la Unidad Orgánica Contra la Violencia de Género del Cabildo de Tenerife, lamenta que estos técnicos no puedan ser contratados por la Corporación, ni por ninguna otra entidad.
Esto es así, según Martín Sá, “porque ello supondría absorber las deudas de Fundescan”, que según el secretario general de UGT en Canarias, Juan Francisco Fonte, ascienden a 8,5 millones de euros.
De esta forma, la directora de la Unidad de Violencia de Género en el Cabildo tinerfeño desmiente el órdago lanzado el viernes pasado por Fonte al director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova, para que Funcatra absorba la plantilla de Fundescan.
“Eso es imposible”, asegura Martín Sá, “porque sería absorber las deudas de Fundescan con Hacienda, con los trabajadores y con proveedores. Desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) hemos intentado la subrogación de estos técnicos, pero es preciso que antes tengan su carta de despido”.
Martín Sá hizo estas declaraciones a CANARIAS AHORA este martes, el mismo día en que se ultima la reubicación de varias de las mujeres víctimas del maltrato que hasta la semana pasada se encontraban en las dos casas de acogida en Tenerife que gestionaba Fundescan.
Ambos centros fueron cerrados el viernes y desde ese día hasta este martes, a las quince afectadas y a sus hijos ha habido que reubicarles en nuevos recursos, aunque al menos cuatro usuarias han optado por darse de baja y regresar con sus familias o buscarse un piso de alquiler.
Mientras las técnicas de Fundescan que atendían a estas mujeres maltratadas hacen horas sentadas en las escaleras de las tercera planta del edificio sindical, en un encierro en señal de protesta que comenzó el pasado jueves y tiene visos de prolongarse de forma indefinida, las víctimas de la violencia son atendidas, provisionalmente, por personal de Cáritas, Eulen, Fundación Simone y la empresa Mundo Nuevo, la misma que gestionó durante cinco años los centros para menores extranjeros no acompañados del Gobierno de Canarias y que desde 2009 apenas tenía motivos de actividad.
Como en el caso de los trabajadores de Fundescan, se trata de servicios que se ejercen por gestión indirecta, es decir, contratos entre el Cabildo o el Gobierno canario con empresas privadas, lo que impide recolocar a esos trabajadores, en contra de lo dicho por Fonte.