BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)
La Unión Europea exige a España el cierre de las entidades problemáticas inviables cuya quiebra no ponga en riesgo al conjunto del sector, según consta en el memorándum del rescate bancario pactado este martes por el Eurogrupo, que no obstante no identifica qué bancos deben cerrarse.
El memorándum detalla todas las condiciones del plan de ayuda de hasta 100.000 millones de euros al sistema financiero español y su calendario de aplicación. Entre ellas recoge también los requisitos de ajuste fiscal y reformas económicas que la UE ya ha impuesto a España, que “se controlarán de cerca y de forma regular en paralelo” al rescate bancario.
Entre las condiciones, el texto cita reformar el sistema fiscal para que apoye más el crecimiento, suprimir la deducción por vivienda, aplicar la reforma laboral, mejorar las políticas activas de empleo, liberalizar los servicios profesionales y las barreras para la apertura de comercios, completar las interconexiones energéticas y resolver el problema del déficit de tarifa.
“Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, las autoridades españolas tienen que presentar un plan de resolución ordenada”, señala el memorándum. Estos planes deberán garantizar la estabilidad financiera, en particular protegiendo los depósitos de los clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo.
El memorándum clasifica las entidades españolas en cuatro grupos: en primer lugar, las nacionalizadas (Bankia, Noavacaixagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa), que son las que recibirán la ayuda más pronto. En segundo lugar, las que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. En tercer lugar, los bancos que requieren reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados. En cuarto lugar, los bancos que no necesitan ningún tipo de ayuda, grupo en el que los analistas sitúan al BBVA, Santander y Caixa Bank.
La UE considera que la liquidación ordenada puede aplicarse tanto a los bancos del primer grupo como a los del segundo. A finales de agosto, España deberá aprobar una norma que refuerce los poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en materia de resolución.
El resto de entidades que reciba ayudas deberá presentar un plan de reestructuración que compense cualquier posible distorsión de competencia. El plan debe minimizar los costes para los contribuyentes y para ello se obligará a asumir pérdidas en primer lugar a los accionistas y después a los inversores en capital híbrido y deuda subordinada.
Los bancos estarán obligados a vender participaciones y activos que no sean centrales a sus actividades, así como a prohibir el pago de dividendos y limitar el sueldo de los directivos.
Los activos problemáticos de los bancos que reciban ayudas se segregarán rápidamente de su balance y se transferirán a una sociedad de gestión de activos a precios razonables. El marco legal para la separación deberá aprobarse a finales de agosto y España debe consultarlo con la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional.
El FROB contribuirá con capital a esta especie de 'banco malo' -aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que no está decidido si será uno o varios-, que emitirá bonos estructurados de forma que puedan usarse como colateral ante el Banco Central Europeo (BCE).
REFUERZO DEL BANCO DE ESPAÑA
El memorándum obliga a todos los bancos españoles a reforzar su capital básico hasta el 9% al menos hasta finales de 2014, un requisito que según Guindos ya cumple la mayoría de entidades. Además, se revisará la política de provisiones teniendo en cuenta los últimos decretos aprobados por el Gobierno.
La UE pide además a España que prepare para finales de noviembre una ley que reduzca la capacidad de control de las antiguas cajas sobre los bancos que surgieron a partir de ellas.
Para reforzar la independencia y el poder del Banco de España, las autoridades españolas deberán transferirle como muy tarde el 31 de diciembre de 2012 los poderes de sanción y autorización que ahora están en manos del ministerio de Economía. El Banco de España podrá además elaborar directrices o interpretaciones con carácter obligatorio.
La Comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria verificarán “regularmente”, en contacto con el Fondo Monetario Internacional que se cumplen todas estas condiciones, enviando incluso misiones a Madrid. Las autoridades españolas estarán obligadas a proporcionar todos los datos exigidos.