La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido en que el recorte salarial a los funcionarios es una medida “legal”, avalada por el Estatuto Básico del Empleado Público.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha señalado que así lo expondrá el Abogado del Estado a la Audiencia Nacional, después de que este tribunal dudara de la constitucionalidad de la medida y diera a las partes un plazo de diez días para presentar las alegaciones pertinentes.
La vicepresidenta ha indicado que aunque la rebaja salarial a los funcionarios supone la revisión de uno de los puntos del acuerdo que alcanzó con los sindicatos en su día, su aplicación es legal porque el Estatuto Básico del Empleado Público “prevé expresamente la posibilidad de suspender o modificar los pactos y acuerdos por causa grave de interés público”.
En este sentido, De la Vega ha afirmado que el Gobierno tomó la decisión de recortar el sueldo a los funcionarios “ante la necesidad de adoptar medidas excepcionales por razones de interés público”, al haberse “alterado sustancialmente” las circunstancias económicas.
“Es una medida amparada por la ley”, ha reiterado la vicepresidenta, que ha añadido que también es una medida “temporal y provisional”, tomada “por responsabilidad” y que se encuentra en línea con las políticas e iniciativas que han adoptado “prácticamente todos los países de la UE”.