La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, con su titular, Narvay Quintero, a la cabeza, acaba de imponer este martes, ante la representación de las organizaciones de productores de plátanos de las islas (están seis entidades), su principal tesis dentro de la batería de nuevas medidas que la Consejería había preparado para activar de forma efectiva el control de la producción de plátano en Canarias, que el año pasado se situó en torno a los 480 millones de kilos (con ruina de precios percibidos por los agricultores), por los 347 millones de 2022 y los 409 de 2021, dos años estos con buenos precios en general, sobre todo el primero.
Quintero y su equipo han conseguido en la tarde de este martes, en una reunión celebrada en Tenerife no exenta de tensiones, que las propuestas estelares de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), las ideadas y comunicadas en carta al consejero por Domingo Martín, su presidente, para supuestamente poner freno al descontrol de la oferta de fruta en los últimos 15 meses, no sean refrendadas o avaladas por Agricultura y, por lo tanto, decaigan, lo que quiere decir que no se incluirán en los términos solicitados por Asprocan en la norma territorial que en breve se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, con formato legal de decreto autonómico (es lo previsto), para activar un umbral de producción anual que sea realista (hasta ahora no se aplicaba un límite para computar la ayuda comunitaria), esté ajustado a las exigencias del mercado exterior y mantenga un reparto sin reducción probable de la ayuda directa de la Unión Europea (UE).
Además, que limite, reduzca mucho, la actual pica (plátano que se produce, cobra la ayuda y no sale al mercado tras consumir recursos: insumos, agua, mano de obra…), en 26 millones de kilos durante 2023.
Al final, con un consejero de Agricultura que incluso tuvo que dar un golpe sobre la mesa, según reconocen fuentes presentes en la cita, las intenciones de la Consejería salen adelante y a los 65.000 kilos de rendimiento por hectárea (la Consejería también se situó inicialmente en los 60.000), no los 80.000 queridos por Asprocan, se unirá que el cálculo de la ayuda directa de la UE se hará con históricos de producción de los últimos cuatro años (Agricultura llegó a plantear cinco), no los dos actuales, algo que quería mantener la misma organización platanera.
El partido terminó con victoria de dos a cero para el equipo de Narvay Quintero, en lo que sin duda contribuyó el apoyo explícito a la tesis del Gobierno de Canarias de las OPP Coplaca, la más importante de las islas, y Agriten (ambas con origen en Tenerife), con Cupalma en veremos, la entidad del actual presidente de Asprocan (cooperativa nacida en La Palma), y con Europlátano (palmera), Plataneros de Canarias (creada en Gran Canaria) y Llanos de Sardina (también de Gran Canaria) en contra. Las OPP, por lo general, comercializan fruta de otras islas, no solo de aquellas en las que se crearon.
Las ventajas para los ‘chicos’ de no ir a rendimientos tan altos
Con rendimientos más reconocibles por hectárea, como es el de 65.000 kilos (por encima de ahí no habrá derecho a la ayuda), será más difícil que se termine prorrateando el apoyo público directo por kilo comercializado que otorga la UE, un riesgo ahora latente y que además podría hacer descender el subsidio de 0,30 euros por kilo actual.
Esta posibilidad daña sobre todo a las explotaciones familiares, pequeñas y medianas, con más costes de producción y por lo general menos productivas. Con ello, se dañaría la renta agrícola de los productores tradicionales, justo los que fueron el principal argumento para defender ese apoyo público tan elevado concedido por Bruselas.
Asprocan llegó a la mesa de negociación pidiendo un rendimiento máximo por hectárea de 80.000 kilos, el que más defiende los intereses de las grandes explotaciones plataneras, y salió de la cita teniendo que aceptar solo 65.000 kilos por la misma superficie cultivada, el defendido por la Consejería de Agricultura en sus borradores, incluso algo menos, con hasta 60.000.
También ese es el umbral que muchos técnicos coinciden que mejor se acerca a la realidad canaria; también el que mejor defiende los intereses de las explotaciones pequeñas y medianas, o sea, las familiares o denominadas tradicionales.
Como ya se ha dicho, estas parcelas son las que están en el origen del sistema de protección comunitario del cultivo, a través de la concesión de ayudas públicas directas, con la aportación por parte de la UE de nada más y nada menos que 141,1 millones de euros al año solo en Canarias.
Estos fondos se reparten en las islas (en seis de ellas, todas menos Lanzarote y con escaso impacto en Fuerteventura) entre todos los agricultores plataneros a través de una medida específica dentro del programa Posei, con dos abonos por semestre (diciembre y junio) y una suma de la ayuda por kilo comercializado que oscila entre los 0,33 euros (para 420 millones de kilos) y los 0,30.