Nuevo paso dado este viernes por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que dirige el herreño Narvay Quintero (AHI), en el proceso impulsado con fuerza desde el Parlamento regional, a través de la aprobación de una proposición no ley (PNL) en la Comisión de Agricultura celebrada el 26 de julio pasado, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos y con el respaldo externo completo de las organizaciones profesionales agrarias (OPA), más casi la mitad de Asprocan, gracias al respaldo de las organizaciones de productores de plátanos (OPP) Coplaca y Agriten, dos de las seis incluidas en esa organización y estas con más del 45% de los kilos que se comercializan de plátano en las islas.
Este viernes, la Consejería ha sacado a exposición pública, hasta el 11 de octubre del mes entrante (solo en la web www.gobiernodecanarias.org), el proyecto de decreto “por el que se regulan las cantidades de referencia de los productores de plátanos, así como la reserva de cantidades de referencia”, lo que viene a ser la nueva norma territorial que controlará en las islas el reparto de los 141,1 millones de euros que reciben los productores isleños de esa fruta procedentes de la Unión Europea (UE) cada año y como ayuda directa para compensar la pérdida de renta. Esta medida está introducida en el programa Posei de Canarias a partir de 2007.
El texto sometido a participación incluye, como había adelantado este periódico digital, todas las medidas propuestas en la PNL y respaldadas con el consenso más amplio, lo que significa que el consejero de Agricultura, lejos de someterse a las presiones de la parte mayoritaria de Asprocan (más del 50% de los kilos) y de CC en La Palma, ha optado por seguir el camino dibujado en la Cámara autonómica.
El contenido del futuro decreto, si no se cambia tras este proceso de exposición pública en lo relevante y luego resulta ratificado por el Consejo de Gobierno, dista mucho de lo exigido, defendido y peleado por CC en La Palma, sobre todo a través de la consejera de Presidencia en el Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y secretaria general de ese mismo partido en la Isla Bonita. Estas diferencias en las medidas a aplicar en el cultivo están en el origen del cese del palmero Javier Gutiérrez Taño como director general de Agricultura (cuota de CC en La Palma) y conectan con lo propuesto por Domingo Martín, presidente de Asprocan y director gerente de la OPP Cupalma, y la OPP Europlátano. Barreto es la aliada política de estos agentes económicos e institucionales, hoy minoritarios en el ámbito agrícola regional, en el que hay apoyo muy mayoritario al proyecto de decreto este viernes publicado en su periodo de exposición pública.
Tal y como se puede observar en el proyecto de decreto, este prohíbe el acceso a la ayuda directa de la UE, en torno a 0,33 euros por kilo comercializado de plátano, a la fruta que se corte en explotaciones creadas a partir de agosto de 2024, mes en el que terminó la campaña agrícola anual pasada (septiembre-agosto), aunque sí posibilita, en cambio, que muchos pequeños agricultores regularicen la situación de algunas de sus parcelas ahora no incluidas en el registro de explotaciones. Esto habrá que hacerlo por una vía legal rápida y simplificada, siempre antes de junio de 2025.
Con el inicio de esta fase para la aprobación definitiva del decreto, la futura norma, activada tras las fortísimas crisis de precios y las caídas de la renta agrícola en un nefasto 2023 y un malo 2024, el año en curso, intenta frenar el continuo incremento de la oferta de plátano en Canarias desde 2022 en adelante (con millones y millones de kilos en picas), lo que sin duda ha empeorado la relación oferta-demanda en el casi único destino de la fruta canaria, Península, donde este género compite con la banana, ya esta fruta con la mitad de la cuota de mercado en el que antes fue espacio reservado exclusivamente al plátano de Canarias, hasta el año 1992.