El Gobierno aprobará el nuevo decreto sobre reparto de las ayudas del plátano tras el Debate de la Nacionalidad

Canarias finalmente tendrá, y había muchas dudas de que esto pudiera ser así, un nuevo decreto territorial, aprobado por el Consejo de Gobierno, que regule el régimen de reparto de la ayuda pública directa que recibe el plátano, con ficha financiera de 141,1 millones de euros al año y un máximo de 0,33 euros por kilo (hasta los 420 millones de kilos de producción comercializada por ejercicio anual). Ese apoyo público se financia con fondos europeos a través de una acción o medida integrada en el programa Posei desde el año 2007.

Estos cambios regulatorios se plantean para ajustar el sistema de compensación de renta al agricultor local, algo que cuenta con aval político y del sector de manera mayoritario, y para limitar de forma indirecta, restringiendo el acceso a la ayuda por encima de unos rendimientos por hectárea (ahora es libre, sin topes), el crecimiento insostenible de la producción, que se ha originado por diversos motivos, sobre todo a partir de 2022 y en los años con precios de ruina de 2023 y 2024, ambos con oferta comercializada anual muy por encima de los 420 millones de kilos.

En la actualidad, el precio percibido por el cosechero canario por su plátano ha subido bastante y, en la semana siete de este 2025, el promedio que sirve el MAPA ya llega a los 0,72 euros por kilo ingresados por el productor local, siempre según baremo medio para la venta en verde y al por mayor en primera transacción. Las calidades extras, por ejemplo, ya conceden más de 0,90 euros por kilo de promedio. Esta dinámica de corrección al alza de las cotizaciones responde a dos factores clave: la falta de banana en la Península, la fruta competidora, y la importante rebaja de la marca semanal de embarque de plátano canario, con varias semanas seguidas por debajo de los siete millones de kilos (lo normal era más de ocho) e incluso con 6,5 millones aprobados para comercializar en la semana que ahora se inicia, la nueve, del 24 de febrero al 2 de marzo.

La norma autonómica aludida, que verá la luz, según el plan definido para su aprobación final, en el Consejo de Gobierno a celebrar el lunes 17 de marzo de 2025 (esto en principio), tal y como apuntan varias fuentes conocedoras del proceso de tramitación, ya cuenta con el plácet necesario de la Comisión Europea; antes deberá tener informe preceptivo del Consejo Consultivo, que se pedirá en breve, también en un Consejo de Gobierno (se prevé la semana que entra), y luego, en el plano político y en la Cámara autonómica, se prevé vender por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), como un éxito de política agrícola de su Ejecutivo (CC-PP) y de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que gestiona el herreño de AHI Narvay Quintero.

Clavijo ha elegido como escenario público para valorar al máximo la culminación de ese proceso de aprobación la cita parlamentaria estrella del año: el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de 2025, unas jornadas políticas definidas para los plenos parlamentarios del 11 al 13 de marzo (después de la semana de carnavales), en los que se repasará la gestión política del año 2024 en la Comunidad Autónoma de Canarias y además se proyectarán las actuaciones para el ejercicio en curso y lo que resta de legislatura, algo más de dos años.

Esa es la programación prevista para terminar, a partir del lunes 17 de marzo o muy cerca de esta fecha (los lunes son días de Consejo), con la publicación del nuevo decreto regulador sobre el reparto de las ayudas directas del plátano en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La futura norma cuenta con un amplio consenso político, el de todas las fuerzas parlamentarias en las islas, que ya ha sido mostrado a través de la PNL aprobada a finales de julio pasado en Comisión de Agricultura; el de todas las organizaciones profesionales agrarias (OPA) con representatividad en Canarias (Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones); al menos dos organizaciones de productores de plátanos (OPP) con casi el 50% de la producción comercializada por Canarias (Coplaca y Agriten), de las seis que integran la asociación Asprocan, y un amplísimo apoyo reflejado en más del 80% de las alegaciones presentadas dentro del proceso de participación pública del borrador de decreto.

El consejero Narvay Quintero apostó en diciembre de 2023, tras la larga crisis de precios recibidos por el cosechero local y el exceso de producción de ese año (con récord histórico de plátano en el mercado), por tomar medidas efectivas para controlar el exceso de oferta. Luego, en julio pasado, con el impulso inicial de Nueva Canarias (NC) y las OPA, se consiguió el apoyo político pleno en el Parlamento a los ejes centrales de la nueva regulación del plátano, y este mes de marzo, como ya había avanzado la propia Consejería, se aprobará definitivamente y se publicará en el BOC el nuevo decreto territorial, con lo que así se culmina este proceso.

Antes hubo que sortear numerosos y duros obstáculos: las piedras en el camino (fuego amigo) puestas por la secretaria general de CC en La Palma y consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, que supuso el cese de Javier Gutiérrez Taño, sin duda el principal impulsor de estos cambios legales y ex director general de Agricultura; por el propio presidente de Asprocan y director gerente de la segunda OPP que más comercializa plátano en las islas (Cupalma), Domingo Martín, y por los líderes de otras organizaciones de productores opuestas a esa regulación, de manera especial las OPP Europlátano, nacida en La Palma, y Llanos de Sardina, con presencia central en Gran Canaria. Sus tesis eran apoyadas en Gran Canaria por el PP.

Norma que se ajusta mucho a lo recogido por la PNL

El nuevo decreto, que la Consejería define como el que “regula la asignación y la reserva de cantidades de referencia a los productores de plátano en Canarias, conforme a lo establecido en el Programa Comunitaria de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei)”, incluye al menos un cambio notable respecto a la batería de indicaciones de la PNL aprobada por unanimidad el 26 de julio pasado, y es que el rendimiento máximo para acceder a la ayuda directa de la UE (los 0,33 euros por kilo, o menos, si hay prorrateo por exceso de producción anual) pasa a los 68.500 kilos por hectárea, en vez de los 65.000 que finalmente se incluyeron en la propuesta parlamentaria.

Además, se elimina el carácter retroactivo de la norma, para evitar problemas y reclamaciones legales de los beneficiarios potenciales de la ayuda, algo que había sido admitido en borradores del proyecto, y se descarta la opción que se llegó a barajar de dejar libre de aplicación del rendimiento máximo para el cobro de la ayuda a las explotaciones con menos de una hectárea de cultivo, medida defendida con firmeza por la líder de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto.

En lo esencial, el nuevo decreto establecerá las siguientes condiciones legales para el acceso a la ayuda o sobre la distribución de los 141,1 millones de euros anuales en apoyo directo que presta la UE al principal cultivo existente en las islas, la indicación geográfica protegida (IGP) Plátano de Canarias. Estas son:

1) Limitación de los incrementos de las cantidades de referencia asignadas a cada productor de plátano por la suma del histórico de producción, la cantidad siniestrada certificada por Agroseguro y/o la cantidad de kilos retirados del mercado“ (la operación conocida como pica). Quiere decir que para el cálculo del histórico se suma lo que se vende al año, lo que no se vende porque se pica y lo que se destruye por riesgos meteorológicos u otros que cubre la prima colectiva del plátano (Agroseguro).

2) Aplicación de un rendimiento máximo en el cálculo de las cantidades de referencia de 68.500 kilos por hectárea (menor a lo propuesto por Asprocan, entre 70.000-80.000 kilos, y superior a los 65.000 de la PNL). El cálculo del rendimiento máximo se realizará con la superficie incluida en el registro de afiliados de las organizaciones de productores de plátanos (las OPP, seis en Canarias), a 31 de agosto de la campaña N-1 (la anterior a la definitivamente cerrada).

3) Incremento del periodo de revisión de las cantidades de referencia (para el abono de la ayuda directa de la UE), con la ampliación del cálculo de referencia de los dos años actuales a tres (la Consejería propuso hasta cuatro en sus borradores y Asprocan siempre prefirió los dos actuales), y que la definición de los kilos sujetos a ayuda por beneficiario se haga dando el 50% al histórico antiguo de producción y el 50% restante sea repartido entre los tres años, a razón de 16,6% por ejercicio (hasta sumar el otro 50%).

4) Exclusión de la ayuda Posei para las plantaciones ubicadas en nuevos polígonos, parcelas y recintos, con la búsqueda de un mecanismo excepcional para que no se perjudique la incorporación de jóvenes agricultores al sector (no hay prohibición de nuevos cultivos de plátano, pero se penalizan porque no tienen derecho a la ayuda directa de la UE, lo que en la práctica los hace inviables). No habrá aplicación retroactiva de esta medida.

El antes y el ahora del principal cultivo de las islas

En la exposición de motivos de la reseñada PNL, la aprobada el 26 de julio de 2024, se repasan las principales variables sociales y económicas del cultivo más hegemónico en Canarias, el que más renta agraria genera y el dominante, pese a sus crisis reiteradas y numerosos problemas de todo tipo.

“En los últimos años -se reconoce en la PNL- se ha producido un aumento desmesurado de la producción de plátano que ha llevado a una reducción de los precios obtenidos por el productor en el mercado, así como a la disminución de la ayuda por kilogramo comercializado [el mismo dinero para más kilos implica prorrateo del subsidio]”.

De seguir con esa situación de reducción de precios al productor (los recibidos por el cosechero en su cuenta bancaria) y con la caída paulatina de la ayuda directa del Posei, se planteaba en la misma PNL, el sector se encontraría ante un escenario muy grave para la supervivencia de las fincas pequeñas (la mayoría con cultivos al aire libre) y ello sería “un fracaso político en la defensa de las explotaciones tradicionales, las pequeñas y medianas, casi siempre de gestión familiar, que son las que legitiman la importante ayuda europea de 141,1milones de euros que recibe el plátano” al año.

En la citada PNL, también se detallan datos sobre la evolución del sector platanero entre los años 2011 y 2021, diez años, que “son elocuentes de la situación que se describe”:

•Superficie cultivada en 2011: 9.140 hectáreas / 2021: 9.097 / 2023: 8.719.

•Producción comercializable en 2011: 349.136.715 kilos / 2021: 411.731.930 / 2023: 467.256.125.

•Número de peticionarios de subvención en 2011: 11.108 productores / 2021: 7.508

El subidón de oferta apta para comercializar en 2023, con un aumento de la producción hasta los 467.256.125 kilos, supuso nada menos que 118.119.410 kilos más que en 2011. Por ello, el año 2023 se cerró con los siguientes parámetros: 467.256.125 kilos comercializados, de los cuales 26.469.204 fueron retirados del mercado (pica: sin ingreso para el agricultor, destinado a insumo alimentario del ganado, beneficencia, destrucción como residuo o proyectos fallidos de introducción en Marruecos) y a los que se añadieron 9.410.998 kilos siniestrados y reconocidos por Agroseguro. De esta suma resulta una producción total de 476.667.123 kilos, según las estadísticas anuales de la organización Asprocan, la que integra a las seis OPP existentes en las islas (Coplaca, Cupalma, Europlátano, Agriten, Plataneros de Canarias y Llanos de Sardina).

En la misma exposición de motivos se reconoce que la disminución “importante” en el número de peticionarios/productores de la ayuda directa de la UE se debe, entre otros factores, a los siguientes: a) concentración de las explotaciones en unidades de mayor tamaño, existiendo una progresiva disminución de las fincas de pequeño tamaño y un aumento de las explotaciones de dos o más hectáreas; b) en lo referente a la distribución por cantidad de referencia, ocurre que aquellas explotaciones con menos de 45.000 kilos/año de producción, en especial las más pequeñas, disminuyen notablemente; c) si se analiza la producción comercializada, se observa un aumento continuo (17,43%) en los kilos comercializados desde la campaña de 2009 hasta la actualidad, y d) si no se toman medidas, la ayuda directa podría bajar hasta 0,27 euros por kilo, 0,05 euros menos que los 0,33 para 420 millones de kilos al año.