El coste de producción para el agricultor de plátano en Canarias oscila entre los 45 y 80 céntimos el kilo, según datos oficiales del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2008. Actualizado a 2020, con los incrementos basados en el salario mínimo o el Índice de Precios al Consumo, ese coste se aproxima a una horquilla de entre 0,55 y 0,90 céntimos. Al ser un producto que depende en mayor grado de las fluctuaciones del mercado, en algunos meses el agricultor puede percibir más de 1 euro o bajar hasta los 30 céntimos. La aprobación de un decreto-ley de modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria ha fijado que los agricultores, ganaderos o pescadores no pueden percibir un valor menor de lo que les cuesta producir; pero la patronal canaria del plátano teme que con esta medida la fruta pierda competitividad frente a la banana de importación.
Debe existir una “indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción”. Así reza uno de los apartados del decreto aprobado en el Senado el pasado 2 de diciembre. Con esta norma, cada operador tiene que pagar al agente anterior un precio “igual o superior al coste efectivo de producción”, es decir, agricultores, ganaderos o pescadores deben percibir un pago que cubra sus costes de producción mediante un contrato escrito que lo certifique. Y, a su vez, parte de la premisa de que los costes de producción se cubren con los precios que se reciben del mercado. Sin embargo, hay subsectores, como es el caso del plátano, a los que no les basta con el beneficio que obtienen de la venta y necesitan ayudas (141 millones de euros anuales de fondos europeos) para poder ser competitivos a precios bajos frente a productos como la banana, que cada vez come más terreno a la fruta canaria por excelencia.
Ante este escenario, seis de los ocho grupos parlamentarios que componen el Senado firmaron una enmienda transaccional basada en dos documentos presentados por el Partido Popular y Ciudadanos, en los que pedían expresamente exceptuar al plátano de varias de las medidas establecidas por el proyecto de ley, entre ellas, la fijación de precios mínimos en la cadena alimentaria. A pesar de que la norma busca un reparto equitativo del valor añadido y un reequilibrio mejorando la capacidad de negociación de los eslabones más débiles, como se reconocía en los documentos expuestos durante la sesión en la Cámara Alta, desde Coalición Canaria (CC) a Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco e incluso Más Madrid o Adelante Andalucía se suscribieron los documentos que recogían fijar la salvedad a la fruta canaria para evitar una perdida de competitividad frente a otros de importación, la retirada del producto del mercado o “la generación de una distorsión en la comercialización” que conllevaría a “la destrucción” del subsector en las Islas.
Sin embargo, el proyecto de ley fue respaldado por el PSOE y aprobado con 132 votos a favor frente a 125 en contra del Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) o el grupo Nacionalista. Acto seguido, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) lanzaba un comunicado “urgente” contra lo que consideraba algo “inaudito” y que supondría la destrucción de entre el “25 y 30% de la producción anual” y “la ruina” de los “8.000 productores” que dependen de la fruta. La consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, también salió al paso y anunció que el ministerio del área debatirá las demandas de la organización: “En el actual decreto-ley, las cooperativas de productores, de cara a sus socios, están exentas y el precio por encima del coste de producción no se calculará de transacción a transacción, sino que se considerarán precios medios anuales y costes medios, por lo que existirá flexibilidad y el sector platanero no se verá perjudicado”.
La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que data de 2013, comenzó tras las protestas en el campo a inicios de año, en las que se reclamaba principalmente un precio justo que cubriera los costes de producción. El decreto-ley fue presentado en febrero y el pasado 2 de diciembre fue ratificado por las Cortes Generales. Juan Carlos Rodríguez, de la plataforma por un Precio Justo Auténtico para el plátano y agricultor de la fruta, defiende esta medida y considera que, antes de rechazarla, “sería un poco más ético intentarlo un par de años para comprobar si es viable”.
Rodríguez critica que durante la semana 51, del 14 al 21 de diciembre, Asprocan previera que un 15% del corte se quedaría sin entrada al mercado peninsular. “Afirman que el 30% de la fruta se quedaría en Canarias si se paga un precio mínimo”, pero “ya hay fruta sin comercializar a pesar de que no está fijado el precio mínimo”. Además, en el caso de que no se pudiera establecer un precio fijo todo el año y se produzca más fruta de la que se pudiera comercializar, Rodríguez propone que se flexibilice la norma “para que uno o dos meses el precio se acerque al mínimo”, porque hay épocas durante el año en el que “baja hasta los 0,30 céntimos”.
Sin embargo, Asprocan replica que “no es tan sencillo” y critica que la ley está hecha “desde un despacho y sin conocer la realidad del mercado nacional e internacional día a día” del plátano y por eso ha invitado a las autoridades responsables a conocer esta situación. La patronal aclara que defiende una renta mínima para todos los agricultores, “pero un precio mínimo en un sistema libre de mercado no es la vía”, porque “es incompatible con las leyes de oferta y demanda: si el mercado no está dispuesto a pagar un precio, lo que hace es simplemente no comprar”.
La patronal explica que su estimación, es decir, no poder comercializar entre un 25 y un 30% de la producción anual si se aplica la norma, “se basa en un estudio de la ley en los ejercicios desde 2016 a 2019, que fue trasladado a las autoridades desde el pasado mes de mayo y que en ningún caso ha sido negado por el Ministerio de Agricultura como escenario”. Asprocan añade que “hoy la banana se vende a pérdidas en España”, compitiendo con el plátano “a precios de 0,35 euros el kilo sin cumplir las mismas normas”, mientras que la fruta canaria “se vende a más de 0,70 céntimos; luego ”se venden al consumidor a 1 euro la banana y a 2,5 o 3 euros el plátano“.
Por todo ello, Asprocan considera que mantener un precio mínimo para el plátano, no ayudaría al agricultor si “con eso se vende menos del 70% de su producción”, se produce un “doble estrangulamiento, por la parte de abajo y por la de arriba, para el que la ley de la cadena no ofrece solución alguna”.
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