Izquierda Unida (IU), a través de la formación política Sumar, de la que es parte relevante, ha decidido elevar al Congreso la problemática actual que afecta al plátano de Canarias por la caída, otra vez, de los precios en el casi único mercado exterior de venta de esta fruta, al combinarse, entre otros factores, una sobreoferta de plátano de las islas en un periodo, el estival, donde es tradición que la demanda de este alimento fresco caiga o se reduzca de forma considerable.
IU tachó “las prácticas actuales [en alusión a la pica continua estas semanas] de insostenibles” y sostuvo que “están llevando a la aniquilación del sector”.
Esa situación de sobreoferta de fruta (las marcas de corte de piñas están en 8,5 millones de kilo y la demanda se cifra en poco más de cinco millones por semana) ha propiciado, junto con otras influencias, el colapso del mercado peninsular, con el derrumbe de las cotizaciones de la fruta en primera transacción (pérdidas para el productor), lo que ha obligado, al no existir precio remunerativo para el agricultor canario, a la eliminación de fruta todas las semanas (seis, por ahora), la que se había decidido no expedir a los mercados del resto de España.
En solo el mes de agosto pasado, cuatro semanas, y en dos de septiembre de este año, Canarias ya ha retirado o destruido, según las picas obligatorias y voluntarias pedidas por Asprocan y autorizadas por la Consejería de Agricultura, casi siete millones de kilos de fruta apta para el consumo humano. Estos kilos se computan para el cálculo de la ayuda directa de la Unión Europea (UE), de 0,33 euros por kilo al año, hasta completar 141,1 millones de euros de fondos comunitarios por ejercicio anual.
En solo el año 2023, un ejercicio de ruina para los agricultores plataneros de las islas, Canarias inutilizó 26,5 millones de kilos de plátano, con una producción comercializada récord histórico en las islas de 467 millones de kilos. La cifra reconocida como aceptable o equilibrada para la UE es de 420 millones de kilos.
En busca de respuestas del Gobierno español
En la nota difundida por IUC este miércoles, este partido señala que, con la gestión política realizada con el fin de analizar la crisis del plátano en el Congreso, se pretende “buscar respuestas desde el Gobierno español sobre las prácticas [en referencia a la pica] que impactan negativamente en el empleo agrícola y que cuestionan el desperdicio de alimentos”. Hay que decir que las competencias sobre cómo se puede y debe autorizar la pica de plátano en las islas son del Gobierno de Canarias, que aplica sobre todo la normativa comunitaria a este respecto. Todas las retiradas realizadas hasta ahora han sido aprobadas (algunas con recortes respecto a las cantidades solicitadas por Asprocan) previamente por la Consejería de Agricultura.
Izquierda Unida Canaria (IUC), junto con el grupo parlamentario Sumar, ya ha presentado una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados centradas en la problemática de la pica de plátano en Canarias, un mecanismo impuesto por la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) y avalado por la Consejería que, según IUC, “ha generado gran controversia este verano por sus efectos en quienes se dedican a la agricultura y al medioambiente”.
La misma formación política considera “inaceptable que, mientras se reciben subvenciones europeas para compensar los gastos del cultivo [la ayuda de 0,33 euros por kilo], se continúe con la destrucción de una cantidad significativa de producción”, subrayó Luisa Tamayo, coordinadora nacional de IUC. “Esta contradicción -sostiene la misma fuente- evidencia una falta grave de coherencia en las políticas agrícolas que debe ser abordada de inmediato”.
¿En sintonía con los objetivos de reducción de desperdicios?
Con las preguntas formuladas en el Congreso se busca aclarar la postura del Gobierno español respecto “a la retirada o el desecho de alimentos” debido a la caída del precio de mercado y sobre la práctica actual de la pica del plátano en Canarias: “Si esta concuerda o no con los objetivos estatales de reducción del desperdicio alimentario”.
Además, IUC-Sumar insta al Gobierno español “a ofrecer soluciones concretas que apoyen a los agricultores afectados” y a que “se revisen las políticas que permiten estas prácticas”.
Para IUC, “es fundamental que el Gobierno de Canarias intervenga para garantizar la transparencia y equidad en el sector platanero, asegurando que se respeten las normativas estatales y europeas”, señala Tamayo. “No podemos permitir que esta situación continúe afectando a nuestros agricultores y al medioambiente”.
Izquierda Unida reitera su compromiso con la “reforma del modelo agrícola en las islas, promoviendo un enfoque que sea sostenible, justo y beneficioso, tanto para el colectivo agrícola como para la comunidad en general”. La formación política continúa presionando para que “se adopten medidas legislativas y políticas que aborden de manera efectiva los problemas fundamentales del sector agrario canario”.