En 2013 se aprobó la Ley de la Cadena Alimentaria y en diciembre de 2021, después de protestas del sector primario por todo el país, el Congreso refrendó una reforma de la normativa para ofrecer más garantías a que los productos de la agricultura, ganadería o la pesca no se puedan vender por debajo del coste de producción, por ejemplo, aumentando las sanciones para quienes incurran en estas prácticas. Para velar por su cumplimiento, las autonomías pueden llevar a cabo diferentes tipos de acciones, desde crear un órgano regional similar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) estatal a dedicar inspectores para evitar las ventas a pérdida. Ahora, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, dice que se comenzará a aplicar en junio.
“Llevamos nueve años con esta Ley y nosotros estamos en el Gobierno desde hace casi tres años; es cierto que se nos ha atrasado, pero hemos tenido una pandemia”, justifica Vanoostende, quien añade que se ha “trabajado mucho para poder ponerla en marcha y ya tenemos todo más o menos ordenado para empezar a trabajar en el próximo mes en la Ley de la Cadena Alimentaria, estamos ya con las bases para, en un plazo de un mes, poder arrancar con el control de la norma”, ha asegurado Vanoostende durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy El Drago, de la Cadena Ser, el pasado 17 de mayo.
Sin embargo, Vanoostende no ahondó en los detalles de cómo se llevará a cabo. “Hicimos una encuesta con todo el sector para fijar las prioridades, ya tenemos la estimación de los costes de producción de siete productos hortofrutícolas y estamos trabajando con los productos ganaderos, que es bastante complejo porque en las Islas hay mucha diversificación de los costes en función de las explotaciones, es difícil establecer unos costes de producción medios”, señaló.
Sobre los inspectores que centrarán sus esfuerzos a este asunto, la consejera se limitó a recordar que las direcciones de Agricultura, Ganadería o Pesca, así como el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, cuentan con “funcionarios que hacen tareas de inspección” y la idea es que parte de ese personal “se dedique también a hacer la inspección de la Ley”.
Al respecto, la consejera reconoció que hoy en día aún se dan relaciones comerciales entre un productor y un comprador en el que no se refleja la transacción mediante un contrato por escrito o este, de acordarse, carece de elementos como la fijación del precio o el tiempo de duración. “Son cuestiones básicas y sancionables, con importes específicos”, añadió. Por ejemplo, si en el contrato no se establece el precio, es posible sancionar esta práctica con hasta 600.000 euros.
La ganadería, al límite
El pasado 2 de mayo, representantes de la ganadería, la industria que compra la leche para hacer quesos y las superficies que lo venden se sentaron en una reunión histórica presidida por el Ángel Víctor Torres, a la que también asistió Vanoostende para buscar una salida a la crítica situación de los productores. La subida de la alimentación animal (que supone en torno al 60% de los gastos de una explotación ganadera), sumada a la inflación de la energía, ha incrementado hasta más de un 50% los costes de producción, según el presidente de la cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez.
Mientras, el precio de los quesos canarios en los lineales se ha mantenido intacto, tal y como recordó Vanoostende, durante los últimos seis años, lo que ha provocado “pérdida de rentabilidad” en “el eslabón más débil de la cadena”, dijo, es decir, los ganaderos.
En el encuentro se acordó que tanto los industriales o los supermercados reduzcan sus márgenes comerciales para pagar más a los ganaderos por la leche: alcanzar 0,60 céntimos en la de vaca y 0,90 o un 1 euro la de oveja y cabra. Pero de forma paulatina. Lo que generó un sabor agridulce en el sector, que necesita medidas inmediatas para hacer frente a los altos costes y no recurrir a tirar leche o sacrificar animales.
En un comunicado del Gobierno de Canarias al que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo regional valoraba “positivamente” un primer acuerdo alcanzado “entre una de las queserías” y “un operador de la distribución” que permitiría un incremento en el pago de la leche a ganaderos de vacuno: hasta 0,49 céntimos como mínimo por litro de leche en abril y 0,50 céntimos en mayo. “Es un primer paso”, remarcaba en la nota.
Pérez defiende la importancia de haber sentado a las tres partes y recuerda que los lecheros están subiendo progresivamente los precios: “Este mes, los que estaban cobrando el litro de leche de vaca a 0,42 o 0,44 céntimos, ya se está fijando en 0,50 céntimos”. Pero reconoce que sigue siendo insuficiente y espera que en la próxima reunión, fijada para junio, se pueda implementar una subida que cubra los costes de producción y, además, se aplique “la Ley de la Cadena Alimentaria, de 2013, dice que no se puede vender por debajo de los costes de producción”.
Vanoostende dice que es consciente de la preocupación de los ganaderos y “el objetivo es seguir monitorizando la situación, reunirnos en junio y que se pueda subir progresivamente el precio de la leche hasta llegar a una cantidad justa para los ganaderos”.
La consejera también recordó las ayudas destinadas al sector, como el adelanto de las incluidas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei). En esta compensación de las producciones agrícolas o ganaderas, que tienen como objetivo paliar la lejanía y dificultades del Archipiélago en el sector primario, otorga 9,5 millones a la leche de vaca (5,4 millones para la industria y 4,1 al productor) y 14,3 millones para la de cabra y oveja (2,6 para la industria y 11,7 para los ganaderos).
Desde el sector se reclama que, para dar oxígeno, se otorguen estas ayudas de forma similar a como las recibe el plátano, es decir, semestralmente, ya que a los productores no les llega hasta el final de la campaña, el 30 de junio. “En el caso de la ganadería, la ayuda es más compleja que en el plátano, que es por históricos, es decir, una cantidad fija que se calcula cada dos años. En el caso del ganadero, es por litro de leche comercializada y vendida a la quesería, por lo que los controles son mucho más complejos y se nos retrasa hasta el final de la campaña”, explica Vanoostende, quien ha asegurado que desde hace tres semanas, los ganaderos pueden acudir a sus entidades bancarias a tramitar la ayuda Posei respecto a la campaña anterior.
A ello se suman los trámites que, dice Vanoostende, se están realizando para dotar de liquidez a la ganadería: “Tenemos 2,5 millones del Gobierno de España y 8,2 millones de Canarias, a los que se suman los de los cabildos”. La consejera defiende que el camino para la subsistencia del sector pasa por “inyectar liquidez con ayudas, mejorar los precios y trabajar con los cabildos en planes forrajeros”, ya que, prácticamente toda