El pasado 2 de mayo, representantes de toda la cadena alimentaria se sentaban para buscar una solución a la crítica situación que atraviesa la ganadería en Canarias. Desde los productores de leche a los industriales que la transforman para hacer queso y los supermercados que venden. Presidido por Ángel Víctor Torres, el histórico encuentro se saldó con un acuerdo: no se subiría el precio al consumidor, pero se incrementaría de forma paulatina el pago al ganadero para permitirle cubrir sus costes de producción, reduciendo los márgenes comerciales de la distribución. El objetivo pasa por alcanzar los 60 céntimos por el litro de leche de vaca y entre 90 céntimos y un euro el de cabra y oveja. Todas las partes consensuaron volver a reunirse en junio para evaluar las medidas planteadas y concretarlas. Pero el sector lleva meses esperando por acciones para poder mantener su actividad y ahora precisa de compromisos inmediatos.
Juan (nombre ficticio, al pedir permanecer en el anonimato) no recuerda el último mes que cerró con beneficios. Desde 2010, lleva una granja de 400 cabras en Agüimes (Gran Canaria) que produce leche, que luego vende a industriales para hacer quesos. Desde que subió el precio del alimento para los animales, que persiste desde principios del año pasado y se ha agravado este 2022, las cuentas no salen. Producir un litro de leche le cuesta unos 90 céntimos, pero le pagan 0,68 euros. Puede mantener la actividad “tirando de ahorros y debiendo dinero”, dice.
El alimento para los animales, que representa el 60% de los costes de producción de una explotación ganadera, proviene prácticamente en su totalidad de las importaciones. El incremento se ha generado por un crecimiento global de la demanda frente a una escasa oferta, con China acaparando gran parte del mercado. Desde la guerra en Ucrania, uno de los principales exportadores de pienso, la situación se ha agravado en el ámbito mundial. Juan explica que una ración de un kilo, la pagaba a 27 céntimos y ahora “ya va por 36 céntimos”.
Cuando están en alta producción, las cabras comen entre 2,5 y 3 kilos de forraje al día, principalmente alfalfa, millo o soja. Esto supone que Juan gasta aproximadamente 1 euro cada jornada en el alimento para cada uno de sus animales, es decir, unos 400 euros en total. El pienso lo compra a las compañías que la importan y la transforman, que semanalmente envían cartas a sus socios indicando las subidas de los precios. “Ellos te ayudan dejándote sacar el producto pagando más adelante, pero te estás endeudando”, señala Juan.
A esto se suman las subidas del precio de la energía o el agua, además de los diferentes materiales que se emplean en el día a día en una granja, como los filtros de la ordeñadora. Los precios a los que vende la leche, asegura Juan, los pone el que la compra. En este sentido, explica que paulatinamente se está subiendo el precio: “Estaba vendiendo a 65 céntimos y este año lo han subido a 0,68 euros; ahora parece que habrá otro incremento, que será a 0,70 euros”, señala. Pero sigue siendo insuficiente, ni siquiera llega con el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei).
Esta compensación a las producción agrícolas y ganaderas de las Islas, que tiene como objetivo paliar la lejanía y las dificultades del Archipiélago en el sector primario, está dotada con un total de 293,4 millones de euros anuales, de los cuales la ganadería recibe 37,6 millones. Para la leche de vaca, se contemplan 9,5 millones: 5,4 millones destinados a la industria y 4,1 al productor. Y para la de cabra y oveja, se destinan 14,3 millones: 2,6 para la industria y 11,7 para los ganaderos. Con estos fondos, que se cobran al año siguiente del ejercicio, el ganadero recibe una cantidad adicional a lo que ha vendido y a la industria se le abarata la compra.
“Si tenía una deuda con la compañía de piensos, al llegarme el Posei podía cubrirla. Hoy, cuando la cobre, difícilmente podré pagarla; no será suficiente porque no están pagando la leche como tendrían que pagarla”, explica Juan. En este sentido, recuerda que la cantidad que se debe abonar para 2021, se paga el 30 de junio de 2022. El Posei se nutre en su mayor parte de fondos europeos y otra adicional, estatal y regional. El plátano, por ejemplo, recibe los 141,1 millones que le corresponden semestralmente, una parte en enero y otra en junio, porque todos estos fondos son comunitarios. El problema llega cuando una parte debe sufragarla el Estado o la comunidad autónoma, que tardan más en abonarlos, como ocurre con la ganadería. “Pedimos que se pudiera pagar de forma semestral, dos veces al año”, reclama Juan.
Ante este escenario, el ganadero considera que en la reunión del pasado 2 de mayo se debería haber acordado la subida del pago de la leche para el productor “ya”. Aunque considera positivo que todas las partes se sentasen, no comparte que la solución la pretendan implantar a corto y medio plazo, porque la situación requiere de acciones inmediatas. “No queremos ayudas, queremos que nos paguen lo que vale nuestro producto para poder cubrir los costes y mantenernos para tener una vida digna”, señala Juan.
Con 30 años, este ganadero es uno de los pocos jóvenes que han seguido dedicándose al sector primario en las islas. Heredó la granja de sus padres, que la tenían como hobbie, y tras terminar sus estudios en Dirección de empresas agropecuarias, decidió profesionalizar la explotación. Se dedica prácticamente los 365 del año a una actividad “muy sacrificada”, pero vocacional. “A los que nos gusta la ganadería, veremos como salimos de esta. Yo tengo la esperanza de que esto vaya a mejor”, señala.
Aunque no es su caso, Juan dice que conoce otros ganaderos que están sacrificando animales para reducir gastos, sobre todo vacas. El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, aseguró en la Cadena Ser que el sacrificio de los animales en las granjas ha aumentado entre un 20 y un 30% por esta situación.
La organizaciones agrarias y ganaderas de las Islas dicen entender y compartir la problemática por la que atraviesa el sector y, en el caso de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Canarias, señala una responsable de que no se haya puesto remedio: la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende. “Tenemos a una persona irresponsable al frente de la Consejería”, manifiesta el secretario general de COAG en el Archipiélago Rafael Hernández, quien estuvo presente en la reunión del pasado lunes.
“Esto lo ha tenido que liderar el presidente del Gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres tiene la agenda que tiene”, recuerda Hernández, pues la reunión con toda la cadena alimentaria estaba solicitada desde hacía dos meses. “Por supuesto que debería haberse celebrado con anterioridad, pero lo que es, es lo que hay”, añade.
Al respecto, también ha señalado los 8,2 millones anunciados desde el Gobierno regional mediante real decreto o los 2,7 del Gobierno central, que aún no ha llegado al sector. Además del adelanto, también augurado por el Ejecutivo regional, de los fondos Posei, que tampoco se han efectuado. “Estamos en un bloqueo institucional ante la incapacidad de la Consejería”, subraya.
El secretario general de COAG en Canarias reconoce que salió satisfecho de la reunión “porque ha supuesto un avance”, al ser la primera vez que se sentaban todas las partes. Pero “una cosa es que avances y otra es que te llegue la medicina cuando estás muerto, la medicina tiene que llegar cuando estás en la UVI”. En este sentido, incide en la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que ningún productor debe cobrar por debajo del coste y los diferentes mecanismos que se pueden aplicar desde el Gobierno para hacerla cumplir, pero critica que en el ámbito regional no se haya hecho nada al respecto.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), también estuvo presente en la reunión. Su secretario general en las Islas, Jorge Pelayo, dice que en el acuerdo esperaba que se llegase a algo “más tácito” y que “el Gobierno de Canarias fuese más reactivo en este asunto”. En el encuentro, recuerda, se estableció una línea roja: “No podemos subir los costes de producción de los ganaderos al producto final, porque encarecemos la cesta de la compra y el queso se quedaría en los lineales; eso era un efecto contraproducente”, explica.
Entonces se consensuó reducir los márgenes comerciales de los industriales y de los supermercados para “paliar un poco la situación crítica que atraviesa la ganadería”, pero no será una solución inmediata, “hay que esperar”, relata Pelayo, pero “hay quien está sacrificando cabezas de ganado porque no puede aguantar”.