Opiniones del Sector Primario
Canarias ‘enjaula’ la acuicultura
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero (AHI-CC), ha dicho algo así como misión cumplida, o formulado de otra manera: objetivo conseguido. Razón no le falta, y en este caso se refería, por exponer las cosas con su debido orden, a que el departamento autonómico de Pesca, que de él depende, ha logrado, y ya era hora (que también debe decirse, pues la ley territorial que lo recoge es de 2003 y su desarrollo se lanza en 2008), sacar adelante y aprobar de manera definitiva el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en Canarias (PROAC).
Quintero, según él mismo recuerda, se había comprometido a rematar tan crucial asunto (otro muerto que le habían dejado sobre la mesa) en sus primeros contactos con representantes de los productores acuícolas locales. Luego, en unos tres años, ha podido consolidar esa voluntad con un PROAC aprobado con todas las de la ley.
Ya era hora... Una vez más, y esto hay que subrayarlo, el consejero de Agricultura lleva a buen puerto los síes concedidos a peticiones del sector primario, como antes ya lo había logrado, y bien que ha sido aplaudido por esa hazaña, al poner al día los pagos retrasados de ayudas directas del llamado Posei adicional (con destino a productores agrarios), un proceso que ha finiquitado con éxito, no sin sudar la camiseta, y en el que ha dado un ejemplo de ganador a su predecesor en el cargo, también de CC: el palmero Juan Ramón Hernández, un gestor público que perdió en tantas y tantas cosas. Las diferencias, siempre a mejor, son irrefutables.
Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda, o por la degollada de Peraza. ¿Qué es el PROAC?, se preguntarán los lectores de la revista Agropalca, y qué importancia real tiene en el desarrollo sano, o sea, sostenible, de la producción de peces en cautividad en aguas marinas de las islas, esto es, en la producción de proteínas de pescado, de alimento.
Sin duda, se trata de un asunto clave, pues, dicho de forma sencilla, este PROAC, como ya se avanza en el título del artículo, no es otra cosa que una forma de meter entre corchetes, de enjaular, las actividades relacionadas con la acuicultura en Canarias. O sea, que se convierte en el documento guía, oficial, de obligado cumplimiento, que, en términos generales y también más o menos específicos, define la política de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de cría y engorde en cautividad de fauna marina con destino a la alimentación (interior y exterior), un ámbito en el que se había avanzado poco, en su marco regulador homogéneo, hasta entonces.
El PROAC que ahora se aprueba en la etapa de Narvay Quintero llevaba dando tumbos desde al menos el año 2008, cuando el germen del plan apareció en la escena pública, entonces con Pilar Merino, del PP, como consejera de Agricultura en el Gobierno de Canarias. Diez años después, más del doble del tiempo habitual para tramitar este tipo de iniciativa administrativa, ha sido terminado, pero no sin notables esfuerzos concentrados en pocos años.
Los papeles del PROAC estuvieron sobre la mesa de Pilar Merino, de Pedro Rodríguez Zaragoza (CC) y de Juan Ramón Hernández (CC), tres consejeros regionales que pocos empujones dieron al futuro libro verde de la acuicultura en Canarias. La gestión de los anteriores responsables se puede calificar de penosa, de crítica, respecto a este asunto. Tras tanto pasar y pasar de los anteriores responsables, se llega al otro tanto que se apunta el consejero herreño, y van unos cuantos.
El PROAC regula un sector productivo del ámbito primario en las islas que ofertó el año pasado (2017) algo más de 7.810 toneladas de pescado, lo que representó el 36,09% de la producción de pescado fresco en las islas (acuícola y extracción), frente al 63,91% de lo capturado por la flota pesquera local (sobre todo túnidos), según datos oficiales de los puntos de primera venta de Canarias.
Ese porcentaje de producción acuícola sobre el total desembarcado supuso un valor de la producción (en primera transacción y a precios de mercado) de 43 millones de euros (frente a los 31 millones de la pesca tradicional), el registro más alto en los últimos años (hubo 29 millones en 2014; 34 en 2015; 41 en 2016, y 43 en 2017). Las principales especies que se producen en cautividad son la lubina (5,5 millones de kilos en 2017) y la dorada (2,3). En el inicio de esta actividad, dominaba la dorada, pero ha habido un cambio estratégico acertado hacia la lubina.
Los objetivos centrales de ese documento oficial, el conocido por sus siglas, PROAC, tienen que ver con la generación de un marco normativo para el desarrollo del sector desde el punto de vista medioambiental y económico, como fórmula de diversificación de la economía dentro del sector primario local. Además, la implantación de las medidas que contempla esa guía encuentra apoyo financiero en las convocatorias de subvenciones del fondo estructural FEMP y en el marco definido para el apoyo directo a la comercialización de productos pesqueros y acuícolas de las RUP, un programa de ayudas directas (más de ocho millones al año para Canarias) que también se costea con dinero de la Unión Europea (UE) recogido en el citado fondo.
El PROAC establece las zonas de interés para la acuicultura en las islas (las que presentan una mayor aptitud para el desarrollo de la actividad desde el punto de vista ambiental y territorial-socioeconómico), que suponen el 9,95% del litoral isleño (unas 20.000 hectáreas). Estas áreas son de baja biodiversidad, con sustrato, profundidad media y pendiente adecuados y con características oceanográficas (corrientes, mareas, vientos y nutrientes, entre otros) óptimas.
Respecto al límite máximo de producción anual, se ha tenido en cuenta la capacidad total productiva de las concesiones vigentes, que es actualmente de 16.736 toneladas, aunque, si se le suman las concesiones que existen en trámite, la capacidad máxima asciende a 29.817 toneladas. Con esta premisa, se ha optado por calcular que en los próximos ocho años la producción pueda aumentar hasta las 37.118 toneladas. Este es el límite de producción fijado, que se obtiene teniendo en cuenta un incremento de la demanda anual del 4% para el mercado interior, del 0,25% para el mercado peninsular y del 15% para el exterior.
El plan regional también incluye un listado con las especies de interés acuícola, desde un punto de vista económicamente rentable y medioambientalmente sostenible. Se trata de peces que no están modificados genéticamente para evitar riesgos a las poblaciones locales en caso de escape. Ese listado, que ha sido cuestionado en algún caso por los pescadores de litoral canarios, puede ser alterado cumpliendo una serie de condiciones y procesos.
Respecto a los equipamientos permitidos (infraestructura), el mismo documento fija los tipos válidos para la acuicultura, sus características técnicas y las condiciones de las explotaciones. Además, establece especificaciones para zonas o especies concretas. Entre los previstos se encuentran la jaula marina, la piscifactoría, el vivero, el criadero y los centros de investigación.
También hay un plan de seguimiento que tendrá en cuenta los indicadores de desarrollo de la actividad y las condiciones de sostenibilidad ambiental. A todo esto se une un manual de buenas prácticas que agrupa diferentes recomendaciones respecto al medio ambiente, gestión del stock, prevención de escapes (el protocolo se aprobó hace unos meses), tratamiento de residuos, y limpieza y mantenimiento.
Canarias ya tiene PROAC; Canarias al fin, y han tenido que pasar 15 años desde que se aprobara la ley que invitaba a desarrollarlo, tiene enjaulada su acuicultura. Es todo un avance hacia las producciones más sostenibles en lo ambiental y en lo económico, y también aporta más seguridad al crecimiento de una actividad productiva que está llamada a ser esencial en el mundo. De hecho ya lo es, con la aportación de casi el 50% del pescado que se consume en el planeta.
Canarias ha encendido algo tarde su faro de la acuicultura. Pero ahora lo importante es que sí alumbra.
*Artículo publicado en la revista del sector agropesquero canario AgropalcaAgropalca
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero (AHI-CC), ha dicho algo así como misión cumplida, o formulado de otra manera: objetivo conseguido. Razón no le falta, y en este caso se refería, por exponer las cosas con su debido orden, a que el departamento autonómico de Pesca, que de él depende, ha logrado, y ya era hora (que también debe decirse, pues la ley territorial que lo recoge es de 2003 y su desarrollo se lanza en 2008), sacar adelante y aprobar de manera definitiva el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en Canarias (PROAC).
Quintero, según él mismo recuerda, se había comprometido a rematar tan crucial asunto (otro muerto que le habían dejado sobre la mesa) en sus primeros contactos con representantes de los productores acuícolas locales. Luego, en unos tres años, ha podido consolidar esa voluntad con un PROAC aprobado con todas las de la ley.