La CE autoriza por primera vez una “ayuda de estado” a una cooperativa agraria para poner en marcha cultivos tropicales en Canarias
La Comisión Europea ha autorizado por primera vez una “ayuda de estado” a una cooperativa agraria para poner en marcha 100 hectáreas de cultivos tropicales en Canarias.
Fue el pasado 19 de julio cuando se recibió dicha ayuda estatal (SA.107929. 2023/N) que tiene como beneficiaria a la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, y cuya resolución hace un análisis económico y medioambiental del proyecto, para considerarlo compatible con el mercado interior de conformidad con el tratado de Funcionamiento de la UE.
Esta solicitud se realizó oficialmente el 9 junio de 2023, impulsada por la Consejería de Hacienda, bajo la titularidad de Nueva Canarias, a través de su Viceconsejería de Hacienda, en colaboración con la Consejería de Agricultura, con el impulso del entonces presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.
La ayuda cubriría las inversiones en las instalaciones de la Cooperativa correspondientes de manipulación y envasado de la fruta para su comercialización, además de conceder ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores.
Esta autorización era imprescindible para que la Consejería de Agricultura u otra administración pública concediera esta ayuda directa.
El presupuesto total de la ayuda es de 6 ,4 millones, financiado con fondos del Gobierno de Canarias. El coste estimado del proyecto es de 15,7 millones, por lo tanto, la intensidad de la ayuda puede llegar al 40,7% de los costes reales. Se trata de una inversión prevista para 5 años, pues especialmente los mangos y los aguacates tardan en dar su primera fruta al menos 4 años.
De estos 6,4 millones autorizados como subvención, 1,9 millones son para cubrir el coste de las inversiones que debe realizar la propia Cooperativa (pudiendo alcanzar la ayuda el 80% de los costes reales); 2,5 millones para los costes subvencionables al establecimiento de los cultivos (por hectárea, distinguiendo sean de mangos, aguacates o papayas); y 2 millones como ayuda la instalación de 20 jóvenes agricultores en este proyecto.
En la resolución de autorización se recoge que la producción de frutas subtropicales es una actividad que sin duda puede contribuir a la diversificación de la producción en las Canarias. Las condiciones agroclimáticas en Canarias son adecuadas para estos cultivos sin necesidad de adaptaciones especiales y sin recurrir al calentamiento artificial y, por tanto, no dan lugar a un aumento del consumo de energía. Además, las técnicas de cultivo ya se conocen en las Islas, dado que estas frutas llevan cultivándose allí durante décadas, pero existe un mercado prospectivo en aumento debido a la creciente demanda en los mercados de España y otros países de la UE.
Además, en el Archipiélago, la fuerte dependencia del sector agrícola de un pequeño conjunto de productos es una importante debilidad, como demuestra la crisis de los productores de tomate. Desde el año 2000, se ha producido una larga crisis en la producción de tomate de invierno, que ha pasado de 377.000 toneladas vendidas en 1997 a 21.000 toneladas en 2022. Aunque algunas explotaciones fueron reorientadas hacia otros cultivos, una parte significativa de ellas quedó abandonada. Además, las actividades relacionadas con el envasado y la comercialización disminuyeron sustancialmente, lo que dio lugar a una reducción del número de puestos de trabajo. En particular, la isla de Gran Canaria fue —y sigue siendo— el principal productor de tomates de invierno, por lo que el impacto de esta crisis en su entorno rural es especialmente grave.
Por lo tanto, la ayuda tiene por objeto promover la diversificación del sector agrícola, sirviendo de ejemplo para motivar a otros productores a unirse a esta vía en una zona rural con tasas de desempleo notablemente elevadas, compuestas por los municipios de La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Santa Lucia de Tirajana, Firgas, Arucas, Telde y Valleseco. A este respecto, se estima, como consecuencia de la ejecución del proyecto, la incorporación de 105 trabajadores fijos en dichos municipios.
En cuanto a las inversiones a realizar, la resolución recoge la afirmación que los elevados costes de inversión —tanto en recursos comunes para la comercialización como en la plantación de las parcelas—, agravados por las limitaciones de las regiones ultraperiféricas, hacen necesaria la intervención de las autoridades regionales.
También analiza la Resolución el impacto en el consumo de agua que entiende justificado en el proyecto, así como que las inversiones no tendrán efecto negativo en el medio ambiente.
La resolución dedica las últimas 13 páginas a la evaluación de la medida de ayuda directa en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Tratado de Funcionamiento de la UE para la compatibilidad con el mercado interior. Según el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, una ayuda podrá considerarse compatible con el mercado interior si está destinada a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Y concluye que esta ayuda directa reúne estas condiciones.
Una vez que la ayuda ha sido autorizada por la CE, el siguiente paso es que la Consejería de Agricultura disponga una partida presupuestaria plurianual para concederla, después de que el actual consejero de Agricultura, Narvay Quintero, se comprometiera en el 100º aniversario de esta Cooperativa el 1 de julio de 2023 a aportar el dinero.
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