El Gobierno de Canarias y cuatro cabildos insulares, los de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, pudieron haberlo hecho mejor en la gestión de esos apoyos públicos directos, con tres convocatorias de ayudas publicadas y resueltas por parte de la Consejería de Agricultura, con Alicia Vanoostende de consejera en dos de ellas y con la más reciente con Narvay Quintero al frente de este departamento (la resuelta en diciembre pasado), y con una línea de actuación por parte de cada corporación insular señalada, hasta cuatro.
Esas son las administraciones públicas canarias que, acogiéndose al marco legal extraordinario de apoyo público diseñado por la Unión Europea (UE) por la crisis bélica entre Rusia y Ucrania (más de dos años, ya), decidieron conceder ayudas directas con el fin de compensar el aumento de costes en las explotaciones ganaderas locales debido al impacto en los precios de los insumos de alimentación (su elevado encarecimiento) como efecto de la invasión de Rusia en Ucrania (este país es el granero de Europa y de parte del mundo).
Hasta aquí todo bien, pero solo hasta que se analizan las resoluciones de concesión finales de los apoyos públicos regulados en todas esas líneas (tres de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, una del Cabildo de Tenerife, otra del de Gran Canaria, igual para Lanzarote y una más por parte de La Palma), las ayudas finalmente aprobadas, y se realiza la suma de estas por beneficiario según las convocatorias, justo antes del inicio de procesos de reintegro que ya se hayan podido activar.
Si se desarrolla ese trabajo, aparecen las sorpresas, con una principal ocasionada por la falta de comunicación entre esas administraciones públicas, el cruce de datos, y luego por la incompleta regulación de algunas líneas de apoyo, sobre todo por parte del Cabildo de Tenerife. El resultado es puro descontrol, pues la gestión inicial imperfecta de tales apoyos públicos condujo a que esas cinco administraciones canarias regalaran unos 718.000 euros.
Errores de la Administración que benefician a algunos y perjudican a otros
Pero cómo ha sido esto posible. Bastante sencillo de observar. Primero, el marco legal diseñado para estas ayudas por la UE solo permitía, hasta el 31 de diciembre de 2023, que un beneficiario ganadero accediera a un máximo de 250.000 euros desde 2022, cuando es la primera convocatoria canaria (tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania), de la Consejería de Agricultura, hasta la más reciente, de finales de 2023, también del Gobierno de Canarias. En medio están las cuatro de los cabildos insulares.
Segundo, las distintas administraciones públicas canarias que se apuntaron a prestar apoyo a los ganaderos locales no cruzaron datos, algunas no regularon bien sus convocatorias ni aportaron los avisos pertinentes, como es el caso flagrante del Cabildo de Tenerife (su convocatoria es una gestión del Gobierno insular anterior, no ya la resolución), a los beneficiarios potenciales y, como resultado de todo esto, se montó la marimorena. Y ya se sabe que, en río revuelto, siempre hay ganancia de pescadores.
Como consecuencia de tal caos administrativo, hay al menos 15 beneficiarios de ayudas directas, según se contempla en las resoluciones finales de todos los procesos de concesión (atendiendo al análisis en esta fase de proceso), que sobrepasaron el límite máximo de ingreso para esas ayudas, en 250.000 euros, lo que supone que se regalaron, por gestionar mal esos fondos, 720.000 euros de los 37 millones que en total se concedieron (la suma de todas las resoluciones: tres más cuatro, las de los cabildos).
El caso más extremo es del Cabildo de Tenerife, que en su única resolución reparte un monto muy elevado entre varios beneficiarios, lo que conduce, solo tras las dos primeras aportaciones ya hechas por la Consejería de Agricultura, a la superación del límite legal por beneficiario de 250.000 en al menos cinco casos entre los 15 finales que sobrepasaron ese umbral, siempre según lo dictado por las resoluciones. Eso fue con la resolución insular de agosto de 2023. Luego, la Consejería de Agricultura, con gestión de la empresa pública GMR, le puso la guinda a todo y la superación de seis expedientes la elevó a 15, sumo nueve más.
Hay que explicar que el umbral de 250.000 euros por beneficiario se aplica para las convocatorias de ayudas anteriores a 31 de diciembre de 2023. En la actualidad, tras la UE ampliar ese marco legal de apoyo por la guerra en Ucrania hasta el verano de 2025, aquel umbral se eleva en 30.000 euros (250.000 + 30.000 = 280.000 euros), lo que significa que los beneficiarios que ya sumen 250.000 euros podrán añadir a esta cantidad ingresada otros 30.000 euros más, siempre que haya nuevas convocatorias, que así ha anunciado que será el consejero autonómico de Agricultura, Narvay Quintero.
Consejería de Agricultura y Cabildo de Tenerife se llevan la palma
El error, quizá no forzado, de esas cinco administraciones públicas en la gestión del marco de apoyo por la guerra en Ucrania en el ámbito de Canarias y sus islas es tremendamente injusto porque concede, sin poderse hacer, cantidades de dinero público a beneficiarios por encima de los 250.000 euros y deja esos recursos obsequio, el total de casi un millón de euros, sin repartir entre otros peticionarios que sí podían acceder a ellos debido a que aún estaban lejos de superar aquel umbral permitido.
Como el pago por encima de los 250.000 euros es ilegal, las administraciones públicas afectadas, conocidas las superaciones de ese límite, deben acceder ahora a la recuperación de las cantidades abonadas en exceso, lo que debe implicar, en los casos en que sea necesario, la activación de expedientes de reintegro de la parte sobrante más los intereses correspondientes. Las administraciones que más trabajo tienen por delante son la Consejería de Agricultura y el Cabildo de Tenerife.
Esta Corporación insular, que ni siquiera informó de aquella obligación en su convocatoria, con resolución final el 30 de agosto de 2023, cuando las dos primeras líneas de la Consejería de Agricultura ya estaban resueltas, dio apoyos a beneficiarios que ya tenían el límite de los 250.000 euros superado con las dos primeras aportaciones de Agricultura o bien iban a rebasarlo con las nuevas ayudas insulares.
La Consejería de Agricultura, que ha gestionado este marco de apoyo público a través de la empresa pública adscrita Gestión del Medio Rural, un medio propio, también cometió el mismo error con el reparto de los apoyos de su tercera y última convocatoria antes de enero de 2024. Y con un caso en la segunda de sus resoluciones.