Están en juego 70 millones de euros para el campo isleño. Es la cantidad que podría perder Canarias para el sector primario si antes de final de año el Consejo de la Unión Europea (UE) decide recortar un 3,9% la financiación global del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para los próximos siete años. De darse este escenario, agricultores, ganaderos, el todopoderoso subsector platanero o los importadores verían mermados unos recursos públicos fundamentales para dedicarse a una actividad ya de por sí castigada por la pandemia, por las características propias de ser un territorio ultraperiférico o la competencia de productos de fuera de las Islas.
Perder un solo euro de este programa es inadmisible para el sector. Por ello, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, junto a las áreas del sector primario de las Regiones Ultraperifericas (RUP) de Portugal y Francia, además de la Asociación Europea de Productores de Plátano y Banana (APEB) y otras organizaciones agrarias como COAG o ASAGA, han decidido hacer un frente común hasta finales de año, cuando el Consejo de Europa tomará la decisión definitiva, que se mantendrá hasta 2027.
La presión ya ha alcanzado la sede del Parlamento europeo, a cuyas puertas los eurodiputados por Canarias Juan Fernando López Aguilar (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) y Gabriel Mato (Grupo del Partido Popular Europeo) se han sumado a una concentración convocada por el eurodiputado de la isla francesa de La Reunión Younous Omarjee (Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica). Acompañados de otros representantes de las RUP, portaban una pancarta en la que podía leerse en inglés NO POSEI CUT´S; también en portugués, español y francés.
Todo ello, después de que el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, manifestara que se mantendría el “modesto” recorte propuesto en 2018. Esta propuesta, que implica un recorte de 10 millones anuales, fue sugerida en julio de 2018 por la Comisión Europea ante la salida del Reino Unido de la UE. Ese año, el órgano legislativo elaboró sus recomendaciones sobre la futura Política Agrícola Común (PAC), que abarcará un septenio, desde 2021 a 2027. Si bien, los dos próximos años se mantiene una prórroga de la actual como transición hasta que entre vigor el nuevo acuerdo; aunque sujeto a modificaciones, como la introducción del recorte del 3,9%.
Pero ni siquiera la ficha actual que destina la UE al Posei canario es suficiente para cumplir con los objetivos del programa como para que el campo isleño pueda asumir un recorte. En total, son 268,4 millones de euros, que se destinan a los agricultores (27,6 millones), ganaderos (27,8 millones), plataneros (141,1 millones) e importadores (62 millones). Estos últimos a través de la otra pata del programa: el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), un mecanismo diseñado por la UE con el que se aplica una ayuda directa a determinados productos procedentes del viejo continente o se eliminan los aranceles para aquellos que provienen de terceros países.
Desde 2007 esta cifra se mantiene congelada, año en el que la la UE autorizó incluir una ficha adicional financiada por el Gobierno de España y Canarias, aunque actualmente lo cubre en su totalidad el Estado. Esta partida se acordó en 25 millones euros en 2020; con 16,3 millones para la producción vegetal y 8,6 millones para la producción animal.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), integrada en la APEB, estima que en 2027, año de finalización del septenio de la nueva PAC, “el incremento de costes que tiene el sector se situará por encima del 20%” y asumir este escenario con 70 millones de euros menos “es completamente insostenible”. Y el plátano canario estaría “condenado”, porque a ello se suma tener que competir con la banana de terceros países, que tiene un precio “mucho menor” y se ha visto favorecida por “un descreste arancelario sin la obligatoriedad de cumplir con los estándares europeos de seguridad, que es más exigente para la producción europea”. Reducir los 141 millones asignados para el fruto isleño haría imposible su supervivencia, según la organización, que incluso considera esa asignación “insuficiente”.
Destapar “la caja de pandora”
El pasado jueves, tras una reunión con representantes de organizaciones y empresariales agrarias del Archipiélago, la consejera de Agricultura aseguró que ante este escenario tienen “no solo un plan B, sino un plan C”. El presidente de la Coordinadora de Asociaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) en las Islas, Rafael Hernández, ha explicado que se refería a compensar con fondos estatales o regionales la pérdida de los comunitarios, una situación que desencadenaría “la caja de pandora”.
“Eso implicaría que todos los años haya que pelear para que en los presupuestos estatales se incluyan partidas suficientes”, añade Hernández. Además, los fondos adicionales que aporta el Gobierno central suelen llegar mucho más tarde que los comunitarios. Este año, por ejemplo, ya se ha asignado toda la ficha europea correspondiente a 2019, liquidada en junio, pero la parte estatal no llegará hasta diciembre o enero.
Al respecto, Asprocan mantiene una única postura: seguir negociando con la UE para que no se recorten los fondos. “No es la primera vez que negociaciones de esta calado se resuelven en el último momento y lo importante en este punto es que todos nos centremos en continuar trabajando unidos para defender la supervivencia agricultura de nuestras islas”.
En este punto también coincide COAG, pero añade que si se produjera el peor de los escenarios posibles, es decir, “un plan D” en el que se tenga que contemplar si reducir las compensaciones de forma equitativa a todos o de forma individual al plátano, a los agricultores, ganaderos o importadores, la organización tiene claro que se tendría que aplicar al REA, en concreto, a “productos de importación que compiten de manera directa con la producción local”, pues “los productores viven una situación muy complicada con precios muy bajos en el mercado, con unas ayudas que no dan”.
Compensación a las desventajas de las RUP
El Posei se destina a las RUP de España (Canarias), Portugal (Portugal y Azores) y Francia (Guadalupe, Guayana francesa, Martinica, Mayotte, La Reunión y San Martín), con el objetivo de paliar la insularidad, la lejanía, su limitada superficie o las incidencias del clima, que las sitúa en una posición de desventaja frente el mercado exterior.
La UE compensa anualmente estas desventajas de las RUP con el Posei, con el objetivo de mantener las actividades agrarias existentes, evitar daños al paisaje tradicional y al medio ambiente por el abandono del campo, fomentar el autoabastecimiento o facilitar el acceso de la producción a otros mercados, además de poder garantizar el suministro de determinados productos esenciales a través de la importación, al no ser posible obtenerlos en estos territorios.
COAG explica que este programa supone “más del 90% del apoyo al sector” y es un instrumento que se apoya en el reconocimiento de las dificultades que tiene el agro de las Islas para subsistir en condiciones respecto a las producciones que vienen de fuera. “Y si se reduce la ayuda, se está poniendo en riesgo la viabilidad del sector”. Eso es lo que está en juego en esta recta final de año.
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