La Fiscalía investiga la gestión del vertedero de El Hierro
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia de la asociación cultural Ossinisa, presentada en septiembre del año pasado por la gestión de los residuos en la celda número 2 del Complejo Medioambiental de La Dehesa (El Hierro), después de que estuviera ardiendo cerca de una semana, “provocando una emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes que se propagaron sobre las zonas declaradas espacios Red Natura 2000”.
La Fiscalía investiga si hay responsabilidad medioambiental, si fuera necesario adoptar medidas de prevención y reparación para evitar nuevos daños al medio ambiente, y si procede la incoación de contencioso administrativo sin perjuicio de la posible responsabilidad penal que de tales hechos se pudieran derivar.
El Cabildo de El Hierro explicó en su momento que el incendio se produjo por una combustión espontánea originada por las altas temperaturas, e informó de que se habían quemado alrededor de 1.000 metros cuadrados de residuos en una zona alejada de cualquier población.
Sin embargo, Ossinisa señala en su denuncia que el incendio había sido fruto de “la situación de descontrol” en el vertedero, que la gestión de los residuos en la celda número 2 del Complejo Medioambiental de La Dehesa “carece de las garantías legales establecidas por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por el Gobierno de Canarias”, y que tanto la mencionada institución como el Cabildo “han mostrado una pasividad reiterada y una resistencia injustificada en aplicar las normas protectoras del medio ambiente, lo que viene dando lugar a emisiones a la atmósfera y vertidos a los suelos con riesgos para la salud y el medio ambiente”.
Esta asociación ha venido interponiendo denuncias ante la Fiscalía desde el año 2006 por la situación de vertidos incontrolados en la Isla, en la zona de la Dehesa, dentro del Espacio Natural Protegido Parque Rural Frontera, en el Majano (donde dicen se ejercía la actividad de desguace y enterramiento de vehículos), en la Cumbrecita y en la Zona del Matorral. Estas denuncias han dado lugar a las diligencias previas 310/2006, 24/2010 y 172/2014 pendientes de acumulación y de apertura de procedimiento abreviado y juicio oral desde mayo de 2015.
Las obras de la segunda celda del Complejo Medioambiental la Dehesa, del que es titular y gestor el Cabildo, fueron finalizadas en abril de 2013 bajo la dirección facultativa de la empresa pública Gesplan y financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de la Unión Europea, entrando en funcionamiento a finales del año 2014.
La asociación denunciante considera que la situación del vertedero es “incontrolada” y que no se están cumpliendo las condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada ni en la legislación al respecto.
En este sentido señala que de la documentación aportada en su denuncia se desprende que “no se han presentado los informes por parte del Cabildo de El Hierro sobre el estado del suelo que soporta la instalación ante el riesgo elevado de que se hayan producido contaminantes significativos, ni el Gobierno de Canarias ha cumplido con el plan de inspección que reglamentariamente corresponde”.
Consideran los ecologistas que “no existe documentación alguna de seguimiento y control del cumplimiento del condicionado de la AAI ni de la afección que dichas instalaciones están produciendo al suelo y al medio ambiente”.
En definitiva, “no nos consta que ni el Cabildo ni la administración autonómica responsable del control del funcionamiento del vertedero hayan adoptado ninguna medida de prevención, control y en su caso sanción por la situación de vertido descontrolado que se sigue produciendo en la celda número 2, como lo acredita que aún no se haya elaborado un plan de inspecciones, establecido en la Ley 16/2002 de prevención y control integrado de la contaminación, modificada por la Ley 5/20013”.
Por eso presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicitando que se incoara un procedimiento de responsabilidad ambiental conforme a la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en el que se tomaran medidas de prevención y reparación de la contaminación, así como se depuraran las responsabilidades administrativas y penales a las que hubiere lugar.
