El consejero de Podemos en el Cabildo de El Hierro, Amado Carballo, no entiende que el Gobierno insular rechazara tratar por la vía de urgencia en el Pleno del pasado lunes una moción suya para apoyar la reivindicación de las organizaciones sociales y sindicales en defensa de un sistema público de pensiones.
“No se entiende que la presidenta, Belén Allende, dijera antes de pasar a votación que se trataba de una propuesta muy interesante y acto seguido votaran en contra de que la misma fuera debatida por el Pleno”, señaló Carballo.
Amado Carballo tuvo que justificar la solicitud de la urgencia del debate y “la rechazaron anunciando que la llevarían a un próximo Consejo de Gobierno, seguramente porque no querían que la autoría de la propuesta en un asunto de tanto calado fuera de Podemos”.
La moción de Carballo señala que ante el incesante acoso al que está sometido el sistema de Seguridad Social español y, por tanto, la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones Sindicales UGT y CCOO han iniciado una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido garante de cohesión y de protección social.
“La forma sutil pero constante de reducir nuestro sistema de pensiones se basa en culpabilizar a la propia ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una supuesta quiebra del sistema de pensiones son las personas, por ser muy mayores o por tener pocos hijos, y no la existencia de una oferta de empleos escasos y mal remunerados”, sigue la moción.
Desde el movimiento sindical se mantiene que este acoso tiene un origen absolutamente mercantil, y que obedece a una decisión política que pretende favorecer a las entidades financieras o fondos privados de pensiones, en lugar de apostar por garantizar desde el sistema público la redistribución de la riqueza y la cohesión social.
Resulta suficientemente conocido que la cotización a la Seguridad Social no es un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores. La cotización a la Seguridad Social constituye un salario diferido que se deposita bajo la custodia del Estado para que sea el garante de nuestras aportaciones para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, viudedad, orfandad o vejez.
El problema no está en el sistema, está en el uso que se ha hecho de la recaudación, destinando el dinero a otros fines para los que no estaba previsto. Por eso, el déficit no es consecuencia del número de pensionistas ni de la inviabilidad del sistema. El déficit se ha producido porque se ha gastado el fondo en fines distintos a los planteados y de forma nada trasparente, destruyendo la calidad del empleo y el nivel salarial, ahondando en la desigualdad y en la precariedad, desvinculando del IPC la revalorización de las pensiones públicas.
Devolver al fondo de reserva de las pensiones lo que se ha tomado prestado por el Estado y dotarlo de los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades debe restaurarse como un objetivo político de primer orden.
Por eso la moción pedía “apoyar la reivindicación de las organizaciones sociales y sindicales, Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en la defensa de un Sistema Público de Pensiones que por encima de los intereses del capital garantice el mantenimiento del Contrato Social por el que se favorece la cohesión social y la redistribución de la riqueza”.