Hacia la descarbonización en Canarias con escasa participación pública

El 17% de la energía eléctrica que se demanda en Canarias es de origen renovable. Los molinos y las placas solares proliferan por las islas con el objetivo de que ese porcentaje aumente hasta el 100% y cumplir con las metas fijadas en el horizonte de 2050, marcado por la Unión Europea para alcanzar la descarbonización total en sus estados miembros. La estrategia regional en este sentido, aún en fase de desarrollo, consta de varios frentes: desde impulsar el autoconsumo en viviendas a fomentar el uso de vehículos eléctricos o construir centrales hidroeléctricas para almacenarla. Pero la fuente primaria de generación pasa por la instalación de parques eólicos o plantas fotovoltaicas en sustitución de la quema de combustibles fósiles en las centrales térmicas, en manos de Endesa. La transición energética facilita un mayor reparto de la propiedad de la energía, pero en las Islas apenas se contempla un modelo con mayor participación pública y ciudadana para democratizar el sistema. El Gobierno regional estima que de los 681,4 Megavatios-hora (MwH) instalados en las Islas, incluyendo el autoconsumo, un 85,7% está en manos de empresas privadas.

El pasado mes de marzo, el Gobierno central adjudicó 20 millones de euros para impulsar la instalación de 254,9 Megavatios-hora (MwH) con energía fotovoltaica en cinco islas. En total, recayeron en 65 proyectos. La empresa Naturgy, que ya fue adjudicataria del mayor proyecto eólico de Canarias (un parque en Puerto del Rosario con potencia para más de 29 MwH), fue la principal ganadora, con 44 MwH para instalaciones en Fuerteventura y Gran Canaria; Iberdrola obtuvo el 36% de la energía subastada en Fuerteventura y Endesa, a través de su filial EnelGreenPower, se hizo con 43,2 MwH para cinco parques fotovoltaicos repartidos entre la isla majorera y Gran Canaria. Se trata de Solcan, el último de los tres programas específicos para las islas y gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Esos programas están financiados con fondos FEDER y fomentan la instalación de energía eólica y fotovoltaica en Canarias, con el objetivo de fortalecer su cohesión económica y social dentro de la Unión Europea, corrigiendo sus desequilibrios y reduciendo sus sobrecostes energéticos al ser un territorio aislado. Es decir, los tres programas, ejecutados mediante convocatoria pública, permitirán aumentar casi el doble de la penetración de renovables existente en las Islas, al sumar en total 130 millones de euros en ayudas para la instalación de cerca de 600 MwH.

La doctora en Ingeniería y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Julieta Schallenberg aclara que las grandes empresas eléctricas “tienen una ventaja competitiva porque se pueden adelantar y estar preparados” cuando el Ministerio publique convocatorias para aumentar la potencia instalable. Pero “no son solo las grandes eléctricas”, también participan “promotores, fondos de inversión o propietarios privados con mucho dinero”. Las autorizaciones para la instalación de parques eólicos o plantas fotovoltaica corresponde al Gobierno de Canarias y los cabildos y los ayuntamientos deben adecuar dichas construcciones a su planeamiento.

En Gran Canaria, donde solo el 5,6% de la potencia instalada está en manos públicas, la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo insular, Inés Miranda, explica que los parques eólicos “no se pueden instalar en cualquier lugar de la isla”, y detalla que se ubican en suelos rústicos especificados por la Ley 4/2017, “que no sean de alta producción agrícola, ni estén en rendimiento”, es decir, “terrenos abandonados donde no se cultiva”. Además de la autorización del Ejecutivo regional, y una declaración de impacto medioambiental si es pertinente, la persona o entidad que quiera destinar un terreno a la producción de renovables debe pedir a la Corporación Insular una declaración de interés público y social. “Y esta se otorga si el planeamiento insular de ordenación no lo prohíbe y si el proyecto es compatible y ajustado al interés de Gran Canaria”, añade Miranda.

El catedrático en Ingeniería Mecánica de la ULPGC Roque Calero explica que las empresas que quieren instalar potencia renovable en Canarias “normalmente buscan zonas con viento y a los propietarios del terreno les ofrece un tanto por ciento de la producción durante años, son concesiones temporales; así las tienen preparadas para acceder a las subastas”. Si bien también hay grandes empresas canarias que están promoviendo parques eólicos, como la energética DISA o la constructora Satocan, Calero critica “la dispersión territorial” y la consecuente infrautilización del potencial energético. Y pone el foco en “la falta de planificación y legislación” por parte del Gobierno regional y los cabildos para fijar que la construcción de estas instalaciones se realice en plataformas energéticas determinadas, donde ubicar los molinos con participación pública. “Si en un campo de fútbol se instalan molinos de forma ordenada, se pueden elevar una decena, pero si se realiza de forma desordenada, solo podrían construirse cinco”, ejemplifica.

En 2006 el Gobierno de Canarias aprobó un plan energético que planteaba como objetivo para el año 2015 que el 30% de la electricidad de las Islas fuese generada con energías alternativas para reducir la alta dependencia de combustibles fósiles en un territorio con seis sistemas eléctricos aislados. El fracaso de la iniciativa hunde sus raíces en varios factores que van desde las políticas impuestas desde el Ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria, que penalizaba el consumo de renovables con el denominado impuesto al sol, a la incapacidad del Ejecutivo regional para tramitar concursos de asignación de potencia renovable, que tuve entre sus consecuencias la corrupción en el caso Eólico en 2004, o el monopolio del sistema eléctrico.

A juicio de Calero, el Gobierno de Canarias debería haber legislado para “fijar potencia renovable a entidades públicas y privadas”, y los cabildos tendrían que haber definido las plataformas enérgicas donde construir las instalaciones renovables. Es decir, “delimitar un espacio en el que caben, por ejemplo, 400 MwH y no autorizar ningún permiso de instalación que no sea ahí”. Y a las instalaciones construidas previamente fuera de esa zona, “se les da la oportunidad de trasladarse”. Esto permitiría mayor accesibilidad para la ciudadanía, porque “un pequeño grupo de personas podrían pedir permiso para instalar un molino en una plataforma”, señala.

En este punto, Schallenberg remarca que “es fundamental” la implicación y la participación ciudadana en las renovables, porque “si la isla se llena de molinos y de placas fotovoltaica y la sociedad no se siente partícipe, se genera un rechazo”. En este sentido, expone el ejemplo de Dinamarca y la isla de Samso. Con 3.700 habitantes y unos 114 kilómetros cuadrados de extensión, este territorio produce más energías renovables de las que consume y se ha convertido en un referente mundial después de más de 20 años de transición hacia las energías limpias. El modelo que se eligió fue el de las cooperativas, con vecinos que invirtieron para construir molinos. “Hay parques eólicos en los que los únicos propietarios pueden ser gente que viva en la isla y se limita a un porcentaje para que ninguno tenga una participación mayoritaria”, relata Schallenberg.

“En una reunión, uno de sus habitantes nos hablaba del cambio de mentalidad. Antes era un símbolo de estatus tener un Mercedes en la puerta y ahora lo es tener una placa solar en la azotea. O cada vez que se levantaba lo primero que hacía era observar si hacía viento. El cambio de mentalidad pasa por la participación”, añade Schallenberg. Para lograr algo similar en Canarias, la doctora en Ingeniería no tiene dudas: “Es cuestión de adaptar las leyes para que esto sea una exigencia, que sean esquemas participativos y limitantes, con un porcentaje determinado de participación ciudadana o pública”, porque “la participación ciudadana es más efectiva si está organizada y con la participación pública también se puede organizar a través de ayuntamientos, mancomunidades o cabildos. Si la ley obliga que parte de la participación sea pública, se organizarán para ir a concurso”.

Fondos europeos

El futuro de las renovables en Canarias también pasa por los proyectos que consigan financiación de los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea, que permanecen de momento bloqueados. El Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con ayuntamientos, la ULPGC o el Instituto Tecnológico de Canarias, ha elaborado numerosas propuestas para contribuir a la descarbonización de la Isla. Además de la construcción pública de un parque eólico en Juan Grande que se encuentra ya en proceso de licitación, entre los proyectos presentados destaca la creación de un barrio solar en la que una urbanización pueda obtener la energía de una instalación fotovoltaica promovida por la Corporación Insular, que también se encargaría de venderla. O una comunidad energética en el polígono de Arinaga (en el municipio de Agüimes), cuyos miembros serían productores y consumidores de forma similar a una cooperativa.

Pero a estos fondos, dotados con el 37% del 140.000 millones asignados a España, también quieren acceder las grandes eléctricas. Endesa o Iberdrola han presentado centenares de propuestas que suman más de 40.000 millones de euros, que deben ser aprobados previamente por el Gobierno central. De estas propuestas, Endesa plantea la producción de energía con hidrógeno verde en las plantas de generación del barranco de Tirajana, en Gran Canaria, o Granadilla, en Tenerife, y el paso a bi-combustible en las centrales térmicas, unas iniciativas valoradas en más de 800 millones de euros. 

El hidrógeno verde también es la principal apuesta de Iberdrola en Canarias, con un proyecto para desarrollar instalaciones de abastecimiento en los puertos de las capitales de Gran Canaria y de Tenerife para la flota de vehículos industriales y de manejo de cargas, adaptando estas zonas a la futura conversión de la flota marítima. Pero la propuesta de mayor envergadura que podría recaer en las islas es la construcción del primer parque eólico marino flotante de España, que tendría una potencia de 300 MwH y supondría una inversión de más de 1.000 millones de euros.