Endesa ha detectado más de 1.700 casos de fraude eléctrico en Canarias entre enero y agosto de este año, así como el consumo de más de 14 millones de kilovatios mediante métodos fraudulentos, según ha informado la compañía en una nota de prensa.
Endesa mantiene abierta una línea de trabajo desde hace años que, según indica, ha tenido que intensificar debido a la proliferación y cada vez más sofisticación en los métodos empleados.
En algunos casos, añade la compañía, su detección se ha convertido en profesión de alto riesgo para los operarios, que en ocasiones han sufrido agresiones en el momento de proceder al corte del suministro ilegal y que han desembocado en denuncias y sentencias condenatorias para el defraudador/agresor.
El principal motivo para combatir el fraude es el riesgo que éste implica para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Según Endesa, las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad para la red eléctrica y para las personas, y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que realizan el mantenimiento de las redes o quienes viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.
Asimismo, advierte de que el impacto económico negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan y una práctica que, además, atenta contra la leal competencia.
Para contrarrestar esta situación, Endesa está realizando acciones efectivas contra el fraude con el apoyo de equipos especializados y aplicando avances tecnológicos en sus redes inteligentes, junto con herramientas como el Data Mining.
El 80% del fraude eléctrico detectado es atribuible a empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo; menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos.