La nueva normativa aprobada para la energía eólica de Canarias, y que establece un cupo de 450 megavatios (MW) con una retribución especifica para nuevas instalaciones, “incentiva a los nuevos parques pero ignora a los antiguos”, señala la patronal eólica AEE en un comunicado.
La nueva orden, publicada este martes en el BOE, establece un régimen retributivo específico para las renovables en los sistemas extrapeninsulares mediante subastas y un cupo excepcional de 450 MW eólicos (para proyectos con tramitación más avanzada) en Canarias cuya retribución se dará de forma directa.
Frente a esto, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) señala que la normativa “ignora que los parques ya instalados generan los mismos beneficios y les aplica un cambio de régimen retroactivo igual que al resto de instalaciones de España”.
La AEE añade además que en este contexto va a ser “extremadamente difícil” que “los potenciales inversores confíen en que se vaya a tratar a los nuevos parques de una forma distinta durante el tiempo necesario para rentabilizar las inversiones”.
La nueva regulación estatal sobre renovables, recuerda la AEE, establece que cada tres años se revisará la retribución a la inversión en base a los precios del mercado y cada seis años se podrán revisar todos los parámetros retributivos, “incluyendo la supuesta rentabilidad razonable”
Industria, que acaba de aprobar el nuevo marco retributivo para las renovables, ha establecido unas condiciones especificas para estas fuentes en estos sistemas ya que “el coste de generación a partir de la tecnología fotovoltaica y eólica es inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil”.
“La sustitución de generación convencional por renovable supondrá reducciones del extracoste de generación en los territorios no peninsulares y favorecerá el equilibrio entre los ingresos y costes”, argumenta el texto que señala que el extracoste de generación en los sistemas no peninsulares se ha incrementado un 38% desde el año 2009.
Por todo ello, Industria fija unos parámetros específicos para las instalaciones en estos territorios, distintos incentivos a la inversión, así como un sistemas de subastas para la asignación de nueva capacidad.