Dentro del conjunto de medidas impulsadas desde Bruselas para reactivar las economías nacionales de la Unión tras su hundimiento a causa de la pandemia COVID-19, destaca la partida presupuestaria que será invertida en la rehabilitación de viviendas y edificios en toda España.
Mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario nacional figura como objetivo fundamental, de tal forma que dinamizar la economía y crear empleo, transitar hacia un modelo de sostenibilidad y luchar contra el cambio climático, es tanto objetivo como condición para la inversión de unos fondos solidarios nunca antes desplegados en Europa. La apuesta del Gobierno central para alcanzar dicho objetivo consiste en intervenir en medio millón de viviendas en los próximos cuatro años.
De cara a este apartado de inversiones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está desarrollando un real decreto que aborda cuestiones clave para la óptima aplicación de criterios relacionados con eficiencia energética de edificios. Expuesto el borrador del real decreto a una consulta pública, desde la Asociación Canarias Archipiélago Sostenible hemos presentado una serie de propuestas para ajustar dichos criterios a las características de las Islas Canarias. Lo anterior con miras a influir en el marco normativo para lograr una mayor eficiencia energética en lo referente a nuevas edificaciones y rehabilitaciones de edificios en Canarias.
Con la llegada de los fondos europeos de recuperación a Canarias y las metas que tanto la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 como el Plan Reactiva Canarias contemplan, nos encontramos ante un esfuerzo en el que toda la comunidad canaria tiene que implicarse, pues hemos de asegurarnos de que estas grandes inversiones tendrán un efecto transformador en las islas y que realmente nos conducirán a un nuevo modelo de desarrollo sostenible.
Canarias debe tener su propio estándar de eficiencia energética
La normativa actual en lo que concierne la eficiencia energética de bienes inmuebles en Canarias nos viene dada de Europa y contempla unas especificaciones que no se corresponden con la climatología del archipiélago, sino más cercanas al estándar ‘Passivhaus’, que centra el concepto de eficiencia energética en la acumulación de calor y, por tanto, obliga a estos territorios a invertir, por ejemplo, en niveles de aislamiento innecesarios.
En nuestra opinión, el Gobierno español (y el autonómico) no han contemplado de manera eficaz todo lo anterior a la hora de adaptar las muy flexibles directrices europeas a los distintos territorios del Estado. Dado que se trata de un área que recibirá cientos de millones de euros en los años venideros, es urgente que actuemos ahora. Por ello estamos trabajando para sumar voces dentro y fuera del archipiélago e influir en la agenda pública, así como llevar a cabo el necesario trabajo de concienciación y divulgación. Y es que por muy técnico y remoto que estas cuestiones puedan parecer a la ciudadanía, afectan directamente a las viviendas, al bienestar y a los bolsillos de todos.
Las cifras
6.820 millones de euros de los 70.000 millones provenientes de los fondos europeos de recuperación (Next Generation EU) asignados a España es la partida que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reservado para la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana como parte de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta inyección de dinero europeo sin precedentes cobra forma en ayudas directas no reembolsables, como los citados 70.000 millones, y créditos. De esta manera, España podrá acceder hasta un total de 140.000 millones del plan europeo de recuperación si opta por recurrir a dichos créditos. Canarias prevé recibir entre 1.700 y 2.000 millones del conjunto de mecanismos de ayuda que el estado distribuirá entre las comunidades autónomas.
En Canarias hay 1.050.000 viviendas y el 50% tiene más de 40 años
La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 señala que todos los territorios estamos llamados “a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia”, a la vez que el Plan Reactiva Canarias, plantea como uno de los cometidos del Gobierno autonómico el “iniciar las rehabilitaciones del parque de vivienda pública, orientándolo a la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad”.
Las propuestas que hemos presentado al ministerio son producto de un trabajo colaborativo en el que han participado personas expertas en arquitectura, eficiencia energética y estrategias pasivas en la construcción en el archipiélago canario, como Eduardo Martín del Toro, Aliana Alonso/Actuaciones Territoriales Canarias y los profesionales que integran Cluster Construcción Sostenible. Esta es una de las líneas de actuación que se impulsan desde la asociación y que ilustra la esencia de nuestra labor: sumar apoyos de manera transversal para lograr que Canarias entre de lleno en el camino de la sostenibilidad, la justicia social, la defensa de su acervo natural y con las miras puestas en la adopción de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.
Muchos profesionales del sector llevan años alertando de que los estándares que fijan los criterios de la eficiencia energética de los edificios en las Islas Canarias sufren de un grave sesgo establecidos por el Código Técnico de la Edificación (CTE). Un sesgo contraproducente no solamente para lograr mejoras en eficiencia energética, y por lo tanto la obligatoria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara a los compromisos asumidos para 2030, sino que además impiden abordar correctamente cuestiones urgentes como la pobreza energética, la comodidad y la salubridad de los hogares en territorios ultraperiféricos de la Unión Europea.
Por tanto, al no corregir dicho sesgo establecido por el CTE, ni por el procedimiento de Certificación Energética, se genera inadvertidamente un agravio comparativo para la región canaria, la mayor de cuyas zonas climáticas no se encuentran correctamente representadas en la taxonomía establecida por este código. La certificación energética, tal cual se aplica en Canarias, premia e incentiva la aplicación de soluciones inadecuadas e innecesarias para el clima preponderante (equipos para la climatización) e ignora otras estrategias más sostenibles de consumo energético y de reducción de emisiones de CO2, como la climatización por medios pasivos. En resumen, la eficiencia energética real de los edificios en Canarias no está siendo correctamente valorada ni ponderada.
El archipiélago canario no es el único territorio que reclama con urgencia la adaptación de estas directrices a sus características climáticas. Hace unos días, en unas jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos de Cádiz se abordaban retos similares.
A nivel nacional, Canarias Archipiélago Sostenible está integrada en la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, en la que participan otros colectivos como Greenpeace, ECODES, CS CCOO-Confederación Sindical de CCOO, ETSAM-Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, por citar algunos.
Desde la asociación también hemos presentado propuestas al borrador de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y actualmente estamos formando un equipo de trabajo entorno a la estrategia para las regiones ultraperiféricas (RUP) que será sometida a votación en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el próximo 13 de septiembre.