Inmaculada Herranz es consejera de Podemos en el Gobierno de Castilla de La Mancha, donde la formación morada mantiene un pacto con el PSOE desde hace poco más de un año. Una alianza que pone como ejemplo de acuerdo de progreso. Es socióloga e impulsora de la Ley de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas se encuentra la de garantizar una renta básica a la población. Una norma que pretende que llegue al Congreso para que sea una cuestión de Estado. Invitada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión, ha participado en unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria.
Se aleja totalmente de las afirmaciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que el año pasado aseguró en el Parlamento regional que la implantación de una renta básica cronifica la pobreza. Herranz asegura que lo que complica esta situación es la dejadez de las administraciones públicas. “Ningún indicador europeo justifica ese tipo de afirmación”. Además, aclara que esta medida ayuda a mover la economía y que en las regiones donde se ha hecho una mayor inversión en gasto social se ha reducido la tasa de pobreza.
Ya se ha cumplido un año desde que entrara Podemos en el Gobierno de Castilla la Mancha con el PSOE. ¿Qué balance general puede hacer de este acuerdo entre partidos?
Podemos entra en el Gobierno de Castilla La Mancha para dar estabilidad. Creo que eso se ha logrado y además se ha conseguido una aceleración de los ritmos dentro del Gobierno. Nuestro objetivo ha sido recuperar parte de los derechos que la crisis económica había secuestrado y, en el caso de esta comunidad, estos diez años han supuesto prácticamente el abandono de una parte de la población.
¿Lo pondría como ejemplo de pacto progresista en España?
Sí, yo creo que es importante. Los gobiernos del cambio han generado un avance mucho más rápido y la conquista de algunos derechos ya que, la crisis económica ha servido de excusa para retirar derechos que ya se habían conseguido. El caso de Castilla La Mancha es paradigmático porque en el momento en el que la gente estaba peor, cuando el porcentaje de paro era más elevado, lo que sucede con un gobierno del PP es un desmantelamiento de los sistemas de protección social. Es decir, cae el 25% del gasto social.
Se dice que hemos salido de la crisis, pero al precio de perder derechos…
Efectivamente, hemos perdido derechos y algunas certezas. Se nos ha demostrado que los sistemas de protección que teníamos eran temporales, pues agotada una prestación por desempleo o los subsidios no tenemos nada. Entonces, no podemos dejar a la población abandonada a su suerte y no le podemos decir a la gente que no va a poder comer o no va a poder pagar su vivienda o los suministros energéticos.
De hecho, una de las medidas estrella de su gestión al frente de la Consejería es el Plan de Garantías Ciudadanas. ¿Cuáles son sus claves?
El objetivo era mejorar la calidad de vida de la población y, en un primer momento, se puso en funcionamiento poniendo en coordinación una parte de algunas de las medidas que ya existían. Es decir, teníamos unas prestaciones vinculadas a vivienda, otras a bienestar social… pero lo que no hacía la administración era sentarse a hablar. Lo que hicimos es generar un plan teniendo en cuenta las necesidades básicas, que tienen que ver con la vivienda, la renta y los suministros energéticos.
¿En qué consiste esa renta básica? ¿Quiénes podrían acceder a ella?
Para lo que es el plan, que es con lo que arrancamos, se ha hecho un diagnóstico de las necesidades de la población y vamos a hacer lo que para nosotros es el elemento clave: elevar a derecho las necesidades básicas. Vamos hacia una Ley de Garantías e Ingresos de la que estamos pendientes en las próximas semanas de sacar el segundo borrador con las alegaciones. Avanzamos hacia ello a través de los planes de empleo y la renta garantizada. Estamos hablando de una prestación de media de 600 euros, dependiendo del número de miembros y que es complementaria como derecho subjetivo. Es decir, es un derecho de todos los hogares de Castilla La Mancha con una implantación progresiva. La administración se responsabiliza de que todos los hogares que estén por debajo de esa cantidad económica lleguen a ese mínimo de ingresos.
Canarias es una de las comunidades con mayor índice de personas que se encuentran en riesgo de sufrir vulnerabilidad social y pobreza. Entonces, ¿cree que tiene sentido implantar una renta básica en las Islas?
No solo es elemental sino que debe ser una prioridad. La responsabilidad de lo que le pasa a los ciudadanos es de las administraciones públicas. En aquellos lugares en los que se ha producido una fuerte inversión sobre la población, esa tasa de pobreza no es tan elevada. En Castilla La Mancha, el último dato de 2017 ya apunta a una bajada de esa tasa y estamos ya en la quinta, mientras que Canarias es la segunda. Castilla La Mancha es un ejemplo claro de cómo al aumentar el gasto social baja la tasa de pobreza. Habrá que ver qué ha pasado en Canarias y por qué sigue manteniendo esa segunda posición de pobreza y exclusión social según los datos del Eurostat.
Sin embargo, a pesar de que grupos como Podemos han solicitado la implantación de esta renta básica al presidente regional, Fernando Clavijo (CC), ha contestado que esta medida puede cronificar la pobreza. ¿Qué le contestaría para desmontar esta afirmación?que esta medida puede cronificar la pobreza.
Lo que me gustaría es girar esa afirmación. Lo que se está diciendo desde una administración pública es que es mejor para la población no poder alimentar a sus hijos, no poder pagar la hipoteca o tener que estar viviendo de la pensión de sus padres. No hay nada que desmotar ahí, no cronifica la pobreza. La pobreza se cronifica cuando la administración se retira. En los últimos diez años lo que ha pasado es que cae el empleo de una manera dramática, se agotan las prestaciones por desempleo y no se resuelve la empleabilidad. Se produce así una cadena sistemática y las administraciones no hacen nada, sino que en algunos casos retiran el gasto social y ese deterioro económico se va haciendo cada vez mayor; eso es cronificar la pobreza.
Se podría decir que Castila La Mancha es un ejemplo de cómo la inversión en servicios sociales es lo que al final ha hecho que la gente pueda salir adelante…
No solo es que salga adelante, es que ningún indicador europeo justifica ese tipo de afirmación (la del presidente de Canarias). La pobreza se hereda y, según el Eurostat, en el caso de España, el 52% de las personas que a día de hoy son pobres lo eran cuando eran menores. Con esta afirmación no solo le estamos diciendo a la población que se puede quedar desprotegida, sino que además estás hipotecando la vida de nuestros hijos.
¿Cuánto sale a las arcas públicas introducir una renta básica?
Eso depende de la población de cada comunidad autónoma y de los porcentajes en sí. Nosotros hemos establecido una implantación progresiva en el que nuestro eje prioritario son los hogares con menores y estamos hablando de un presupuesto de 65 millones de euros en el primer año de implantación solo en garantía de ingresos, porque a ello se le añaden garantías complementarias como las vinculadas a vivienda o educación y aumentaría el presupuesto. Una parte de la inversión ya se está utilizando, sería reorganizar las partidas y colocar la prioridad donde debe estar.
Lo plantean como una inversión que ayudaría a incrementar el poder adquisitivo de las personas y mover la economía.
De hecho, la tasa de retorno a la economía supone que de cada euro que se invierte puede estar en el 1,2 o 1,4. Pensemos que si un hogar que ahora mismo no tiene ingresos o tiene 200 o 300 euros si le aseguramos a ese hogar, que imaginemos con dos miembros, 750 - 800 euros, ese dinero lo va a gastar en ir a comprar a la panadería del barrio, en ropa para sus hijos, en el centro de alimentación más cercano. La activación económica es evidente. El consumo y la economía empiezan así a moverse. Todos los estudios avalan que la inversión en población que eleva sus niveles de renta genera una mayor actividad económica.
La ley de garantías ciudadanas, ¿qué medidas recoge en materia de vivienda?
Lleva una serie de prestaciones vinculadas que tienen que ver con ayudas al arrendamiento, alquileres del parque público de vivienda, con la intermediación en ejecuciones hipotecarias, pero también recoge prestaciones en otros ámbitos como en educación con ayudas de libros, transporte escolar, residencias universitarias…
Es bastante transversal la ley, toca varios aspectos…
Claro, porque entendemos que lo que se está haciendo hasta el momento es una intervención fragmentada de las personas y uno puede entender que administrativamente existan distintas consejerías, pero la vida de la gente no está fragmentada y si tengo un problema de escasez de renta, tengo un problema para comprar el material escolar, de alimentación, para pagar el alquiler… No hagamos a la gente ir desnudándose ventanilla a ventanilla para recibir una prestación y luego vuelva a desnudarse de nuevo, a tener que contar su vida de nuevo cuando la administración puede tener mecanismos de intercomunicación.
¿Considera que es positivo que, ya pensando en las próximas elecciones, se lleguen a acuerdos progresistas como el de su comunidad autónoma? ¿Cree que es el camino que se debe seguir teniendo en cuenta lo que ocurrió en los pasados comicios cuando se rompió con el bipartidismo?
Lo importante es el diálogo y es lo que ahora mismo se está produciendo. Es importante saber hacia dónde nos dirigimos y qué queremos conseguir. Mientras los objetivos estén claros seguiremos para adelante ya que lo importante es que los cambios y las políticas públicas reviertan en la población.
¿Se percibe un incremento y unas ansias de participar en decisiones políticas por parte de la ciudadanía? ¿Qué herramientas se pueden utilizar para implicar a más personas en la toma de decisiones?
Hay muchas herramientas y hay que utilizar todas las que se puedan. Un elemento que hemos intentado hacer en Castilla La Mancha es que las administraciones den cuenta de lo que hacen y es importante que haya espacios abiertos a la ciudadanía donde se les explique qué se está haciendo.
De aquí al próximo año ¿cuál es su objetivo a grandes rasgos?
Un objetivo claro y prioritario: llevar a las Cortes la Ley de Garantías Ciudadanas e Ingresos y que se apruebe por unanimidad y, si podemos, implantarla en 2019.