El Cabildo de Gran Canaria castigará a aquellas entidades financieras que realicen desahucios a los ciudadanos, después de que el Grupo de Gobierno lleve al pleno de este viernes, a instancia de los miembros de Podemos, una moción para que la Institución insular revise sus relaciones con los bancos.
De esta manera, el Cabildo tendrá en cuenta, a la hora del mantenimiento de fondos y otro tipo de relaciones comerciales con las entidades financieras, sus protocolos respecto a desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial, y añadirán cláusulas sociales y éticas en la contratación con cualquier tipo de entidad financiera, además de estudiar la apertura de posiciones en nuevas plataformas de banca ética.
En la moción también se acuerda “reconocer la importancia y el valor del trabajo que despliega la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones del Tercer Sector, que tanto han contribuido a hacer visible y a afrontar de forma colectiva ese drama social”.
En el texto también se insta a que las entidades financieras con las que trabaja el Cabildo de Gran Canaria “paralicen los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa habitacional y a la búsqueda de soluciones a otros casos que generen situaciones de exclusión social derivadas de deudas hipotecarias”.
El escrito continúa con la solicitud, al Gobierno del Estado, para que modifique “el actual marco legal que regula el mercado hipotecario”, con el objetivo de limitar los efectos sociales de las ejecuciones causadas por el impago del crédito hipotecario, con medidas necesarias para que se ponga en marcha la dación en pago retrospectiva y la condonación de la deuda. También se solicita al Gobierno central “a que lleve a cabo la regulación necesaria para proponer, en los contratos de alquiler de vivienda habitual, una prórroga automática del contrato, en el caso de colectivos especialmente vulnerables y cuando el arrendador sea un banco o un gran propietario de viviendas”.
Esta propuesta se remitirá al Consejo de Ministros y, en especial, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia; a la Presidencia del Parlamento de Canarias; a la Federación Canaria de Islas; a las asociaciones que representan al colectivo de entidades financieras; a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y al conjunto de asociaciones del Tercer Sector relacionadas con la problemática de la vivienda.