La Comisión Europea considera que la privatización parcial del gestor de los aeropuertos españoles AENA “no afecta necesariamente a la conectividad de las regiones ultraperiféricas españolas, como las Islas Canarias” porque España “ha decidido mantener el modelo de red de aeropuertos, según el cual todos los aeropuertos están sujetos a una gestión común que redunde en favor de la cohesión económica, social y territorial en todo el territorio nacional”, según ha dicho la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, en respuesta a una interpelación del eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar.
En su pregunta, López Aguilar denunciaba que AENA “queda ahora en manos de los intereses financieros de empresarios privados, poniendo en riesgo la movilidad de la población de las Islas Canarias, región con un importante déficit de accesibilidad debido a sus propias especificidades de lejanía y ultraperificidad”. Asimismo, señalaba que “este tipo de privatizaciones suele ir acompañado de una subida de tasas al transporte aéreo, lo que repercutiría negativamente sobre el turismo, principal actividad económica de las Islas”.
Bulc le contesta que “en Europa funcionan varios modelos diferentes de propiedad aeroportuaria, desde la privatización total a las concesiones, pasando por la plena titularidad pública, y la normativa de la UE sobre aeropuertos no hace distinción entre estos modelos”.
La legislación comunitaria ofrece además a los Estados miembros, según resalta la comisaria de Transporte “la posibilidad de garantizar un nivel adecuado de servicios aéreos en forma de obligaciones de servicio público, las cuales se han impuesto en trece rutas entre las Islas Canarias”. “En el caso de que las autoridades españolas consideren en el futuro que el mercado no satisface plenamente las necesidades de conectividad en determinadas rutas, tienen la posibilidad de optar por obligaciones de servicio público en esas rutas”, apunta.
Por lo que se refiere a las tasas, Bulc recuerda que tres aeropuertos de las Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) están sujetos a la directiva comunitaria sobre tasas porque gestionaron más de cinco millones de pasajeros en 2013. “Esta directiva establece principios comunes aplicables a la imposición de esas tasas, entre los cuales están las normas sobre la consulta de los usuarios, la no discriminación y la transparencia”, explica, y su cumplimiento debe ser vigilado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.