El Gobierno canario ha considerado este jueves que la posible entrada del magnate estadounidense de origen húngaro George Soros en el capital de Aena es una prueba de cómo “alienta y promociona” el Ejecutivo central “operaciones especulativas” que nada tienen que ver con el interés general.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, se ha referido de este modo al interés de Soros por participar en la privatización parcial de Aena, en un proceso impugnado por la comunidad autónoma.
Marrero ha reclamado al Gobierno central que explique “cómo justifica este proceso ”ilegal, injusto e injustificado“ en el que, a juicio de la comunidad canaria, la entrada de Soros ”y otros especuladores añade un factor de gravedad e incertidumbre“.
“De un modelo de gestión pública directa se pasará a otro en el que ”primará el beneficio o la especulación, lo que será peligrosísimo para los intereses de Canarias“, porque los aeropuertos son la vía de entrada de la mayoría de los 13 millones de turistas que visitan el Archipiélago cada año, donde generan un gasto de 13.000 millones de euros.
Marrero ha reiterado que el Gobierno canario “no aflojará en su oposición frontal a la privatización de AENA”.
Para ello, ha dicho, la administración regional “agotará todas las vías posibles para combatir la prepotencia” que, en su opinión, ha mostrado el Estado “a la hora de montar una operación que vulnera el vigente artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias” (precepto que otorga al Gobierno canario las competencias sobre aeropuertos “cuando el Estado no se reserve su gestión directa”).
Martín Marrero ha aludido también a la previsión manifestada por el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, “en el núcleo duro” de este proceso privatizador“, de que se llegará a vender el cien por cien de AENA, lo que elevaría su valor a los 8.000 millones de euros. Para el Gobierno canario, esa privatización total está en la agenda ”oculta“ del Estado.
“¿Quién invertiría en comprar acciones de una sociedad para no controlarla? Nos quieren tomar por tontos”, ha aseverado.
El portavoz del Gobierno canario se ha referido a la reciente visita de la ministra de Fomento, Ana Pastor, a Gran Canaria, y a la “deuda de 628 millones de euros” que el Estado mantiene con esta comunidad autónoma en relación a las inversiones en carreteras comprometidas en el convenio bilateral suscrito entre ambas partes.
Para Marrero, la carta que ha enviado el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, que demanda desde hace años la culminación de la nueva carretera entre Agaete y ese municipio, incluida en el citado convenio, ha sido “una desfachatez”.
En esa misiva, difundida ayer por el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento contesta a la solicitud de la corporación local para que su nueva carretera tenga una partida en los presupuestos del Estado afirmando que corresponde al Gobierno canario decidir en qué se gasta el dinero que le transfiere para infraestructuras.
“Ya está bien de marear la perdiz con las carreteras canarias”, ha aseverado Martín, quien ha asegurado que el Estado “incumple ilegalmente” el convenio suscrito con Canarias en este ámbito, que, según ha dicho, establece, en su artículo 8.4.a, que corresponde a la comunidad autónoma elevar a la comisión de seguimiento paritaria la propuesta de distribución de los fondos transferidos por la administración estatal.
“Esta es la realidad, luego vienen las mentiras. Esa comisión no ha querido tomar ningún acuerdo porque no lo han querido los representantes del Estado”, ha manifestado Martín, quien ha estimado que lo relevante de esta carta es que “Fomento ha reconocido que su obligación es poner el dinero”.
Lo que ocurre, ha añadido, “es que sin dinero, difícilmente se puede programar algo más allá de lo esencial. La nada no se puede distribuir”.