El tribunal que juzga al diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, por dos delitos de tráfico de influencias en el caso Grupo Europa, decidirá antes de las próximas sesiones del juicio, por medio de un auto motivado, sobre un incidente de nulidad solicitado por la defensa del exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena Santana, relacionado con las periciales realizadas por una inspectora de Hacienda acerca de los patrimonios de los acusados.
Así lo ha acordado al inicio de la sesión matinal de este viernes el presidente del tribunal, José Ramón Navarro Miranda, tras escuchar al abogado de Mena, Gerardo Ruiz Pasquau, protestar por el hecho de que la inspectora de Hacienda encargada en su día por el juzgado instructor de investigar si había diferencias entre el patrimonio declarado por los imputados y las rentas que se detectaron durante el transcurso de la investigación, tuviera acceso antes de su larga testifical del jueves al informe pericial de parte aportado por la propia defensa de Mena.
A juicio de las defensas, que se han adherido todas excepto el también denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal los peritos han de ser interrogados juntos si sus informes discrepan, para rebatirse, y no es “admisible que la perito realizara ayer [jueves] una pericial sobre otro informe pericial, porque lo que realizó fue una pericial verbal, sin habérsele dado traslado de ello”. Ruiz Pasquau criticó que el ministerio fiscal facilitara a la inspectora de Hacienda el informe pericial particular de su cliente, e incluso cuestionó que la perito haya admitido haberse reunido con el principal instructor policial del caso, compañero actual de trabajo.
Sin embargo, Luis Del Río defendió sus funciones como acusación pública y el derecho que le asiste a informar a la perito judicial de que existe otro informe pericial para poder cotejarlo, “y no provocar una suspensión de la vista de cinco o seis horas para que lo estudie”, además que del resultado de ese análisis “ha habido partes que dan la razón en ciertas cantidades [que sí pudieran estar justificadas] a lo planteado por el señor Mena”. En concreto, del dinero sin justificación originalmente detectado en el patrimonio de José Luis Mena, se rebajó parte de esa cantidad que sigue siendo de más de 400.000 euros, entre 2003 y 2006.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), electo para presidir a partir de mayo la Audiencia Nacional, admitió resolver este incidente antes de que se pronuncien todas las partes en las jornadas reservadas para las conclusiones finales, el jueves 24 y viernes 25 de abril, y por supuesto antes de dictar sentencia.
La extensa declaración de la perito, que durante la mañana del jueves se centró solo en el interrogatorio del fiscal y las apreciaciones de la inspectora tributaria de que el propietario de Grupo Europa, Antón Marín, utilizaba cuentas corrientes “irracionales” para posibles pagos ilegales, tuvo durante la tarde otra sesión de más de cuatro horas con el interregatorio de las defensas.
Los letrados de los imputados han cuestionado con dureza a la perito, tanto por haber tenido acceso a ese informe de parte como por haber admitido que se ha reunido “para tomar café” con su actual compañero de trabajo y entonces instructor del caso en la Policía Nacional, si bien tanto el fiscal como Cambreleng matizaron que de las palabras de la perito solo se desprende que comentaron, informalmente y como cosa casi obvia, detalles del juicio, para nada como una estrategia conjunta. “Pongo la mano en el fuego por los dos”, aseguró tajante el fiscal Del Río.
Las críticas de las defensas, buscando como es lógico alguna contradicción en la que pudiera haber caído la inspectora de Hacienda, se han centrado también en el hecho de que no investigara el patrimonio del denunciante, también imputado, ya que tenía el mandato del juez instructor de realizar esas pesquisas patrimoniales “de todos los imputados”. La interpretación del mandato fue objeto el jueves, también, de dura controversia, entendido como genérico por parte de la inspectora y también un subinspector de Hacienda que testificó, y de obligado cumplimiento hasta las últimas consecuencias por parte de las defensas de los imputados, contrariados por no haberse investigado el patrimonio de Cambreleng, ya que sostienen que robó a Grupo Europa.
Últimas testificales del juicio
El juicio continuó la tarde de este viernes con las últimas testificales previstas, con letrados y técnicos de Urbanismo de Telde y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del Gobierno canario, con la controversia de si se podía otorgar licencia de obra a Grupo Europa en dos piezas de suelo en El Goro, o no, con una modificación puntual del Plan General de Telde pendiente de aprobar.
Según recoge Efe, una letrada del Ayuntamiento de Telde que trabajó en el área de planeamiento ha señalado al tribunal que no se debieron conceder las dos licencias municipales para la construcción de viviendas sociales por parte del Grupo de Gestión de Cooperativas Europa, propiedad del principal acusado, José Manuel Antón.
Según esta letrada, las parcelas 132-A y 142 B de La Jardinera no reunían las características precisas para las que se concedieron esas licencias de obra mayor y estaban sujetas a una modificación puntual que el Ayuntamiento había solicitado a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno canario (Cotmac) para que, entre otras cuestiones, se catalogaran como suelo urbano consolidado y así poder edificar.
Esta letrada además ha explicado que para cambiar esta calificación del suelo se debió proceder a una revisión del Plan General de Ordenación de Telde, cuestión que también ha sido subrayada por una técnica jurídica de Cotmac, quien ha explicado que ese fue el motivo de que se rechazara la modificación.
Esta técnica de la Cotmac ha coincidido con la letrada del Ayuntamiento de Telde en que, tal y como estaban esas parcelas, no se podía conceder las licencias.
Así se notificó a la corporación, a la que también se aclaró posteriormente que no cabía subsanación alguna, ha añadido.
En esta jornada también ha declarado una arquitecta de la Cotmac que emitió un informe desfavorable a esa modificación puntual y dos peritos propuestos por la defensa de Mena, uno de ellos, un ingeniero que ha defendido, entre otras cuestiones, que sí se podían conceder esas dos licencias porque esas parcelas ya tenían la condición de solares.
El otro perito de la defensa, un asesor fiscal, ha rechazado el informe de Hacienda sobre Mena, que refiere que entre los años 2003 y 2006 obtuvo 410.000 euros de ingresos sin justificar, pues ha señalado que “sus pagos están justificados y declarados”, y que además se debió hacer una inspección de la renta y patrimonio del matrimonio para acreditar su capacidad de pago.