El arquitecto municipal de Telde que elaboró los informes favorables para la concesión de las licencias para construir viviendas sociales en La Jardinera los emitió a instancias del jefe de Urbanismo, José Luis Mena, y sin saber cuál era la clasificación urbanística del suelo.
Este testigo ha reconocido este viernes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que juzga el caso Europa, que se fió de Mena, uno de los siete procesados en esta trama, y que de haber conocido que se trataba de suelo urbanizable sectorizado ordenado que aún no tenía la condición de solar para poder iniciar las obras, no hubiera informado de forma favorable.
Benedicto Padrón Betancor, arquitecto que estuvo imputado en el caso Faycán, ha explicado que estos informes se emitieron a los dos días de que la empresa municipal Urvitel presentara la solicitud de las licencias porque el dueño del suelo y el promotor de las casas era el Ayuntamiento, se habían mantenido entrevistas previas con los técnicos del proyecto y, además, se trataba de viviendas sociales que contaban con el visto bueno del Gobierno de Canarias.
Este técnico municipal ha dicho que el interés que Mena tenía en esas licencias respondía a que se trataba de viviendas sociales.
“Era una locura, imposible chequearlo todo”
Ha recordado que esos informes se emitieron en pleno “boom” de la construcción, en 2005, en un periodo en el que entraron en al área de Urbanismo 3.000 expedientes, aparte de los que se tramitaban, por lo que “era una locura” y “era imposible chequearlo todo”.
No obstante, ha dicho que los promotores estaban contentos por cómo funcionaba el Ayuntamiento, porque se cumplían los plazos para la concesión de las licencias de obra “si todo era favorable”.
Así mismo, ha indicado a la Sala que, dado el contexto en el que emitió esos informes, si se diera la misma situación volvería a proceder del mismo modo.
El técnico también ha comentado que asistió en 2006 a una reunión en la Alcaldía en la que recuerda que estuvo presente el entonces alcalde del PP Francisco Valido, Mena, y el gerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra, también imputado en “caso Europa”, y que en ella se decidió paralizar las licencias a causa de unos problemas que ha indicado que no recordaba.
El arquitecto tampoco recordaba si hubo otra personas en la reunión, que, según ha manifestado, se desarrolló de forma “distendida” y que en ella nadie se opuso a la paralización de las licencias, tras denegar la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias la modificación puntual del suelo que habías sido solicitada por el Ayuntamiento.
Más testigos
En esta sesión también ha declarado la asesora jurídica municipal que emitió el informe previo de otorgamiento de esas licencias, que ha explicado que el hecho de que figure el 22 de diciembre como fecha en que lo firmó puede obedecer a un error, porque ya habían sido aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento diez días antes.
Según esta testigo, sin ese informe el secretario municipal hubiera dejado el expediente sobre la mesa y no se hubiese podido aprobar por la Junta de Gobierno.
La asesora jurídica municipal ha afirmado ante la Sala que ni Mena ni el exjefe de Patrimonio Pedro Pablo Santana, también imputado en la causa, mostraron interés personal sobre esas dos licencias, por las que, según el Ministerio Fiscal, cobraron una comisión de 30.000 euros cada uno.
La testigo ha señalado también que si hubiese sabido que esos suelos estaban pendientes de una modificación puntual no se hubiese tramitado la licencia en el plazo que se hizo, de menos de dos meses, pues cuando ella elaboró su informe lo desconocía.
El asesor jurídico de Urvitel, Carlos Iván Rodríguez, también ha declarado como testigo en esta sesión y ha manifestado que informó de forma favorable para que se adjudicara a Gestión de Cooperativas Europa la gestión y asesoramiento de las viviendas sociales que se querían construir en Telde porque fue la empresa que presentó la mejor oferta.
Las otras empresa que participaron en el concurso no presentaron reclamación, según ha indicado este testigo, que ha afirmado que ni Mena ni Pedro Pablo Santana “influyeron en la concesión de las licencias”.