El caso Grupo Europa ha quedado visto para sentencia después de más de tres meses de juicio en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras celebrarse este viernes la última de las sesiones, reservadas al resto de conclusiones finales de abogados de la defensa que no intervinieron durante la tarde del jueves, y a la última palabra por parte de los acusados, momento aprovechado por el diputado del PP Jorge Rodríguez para decir que ha sido víctima de “un asesinato de imagen”.
El principal imputado -por su importancia y condición de aforado, que ha llevado esta pieza del caso Faycan, de corrupción generalizada en el ayuntamiento de Telde, al alto tribunal canario- por dos delitos de tráfico de influencias, para quien el fiscal pide un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación, aseguró este viernes al tribunal encabezado por José Ramón Navarro Miranda, nuevo presidente de la Audiencia Nacional, que “no pido clemencia, porque no me puedo arrepentir de lo que no hice, porque siempre actué al lado de la ley”.
El político, portavoz del PP en el Parlamento de Canarias en el momento de los hechos en los que asesoraba e intervenía a favor de la promotora de viviendas sociales Grupo Europa, ante los problemas burocráticos de esta para llevar a cabo sus planes en el Ayuntamiento de Telde, dijo a la Sala que “se ha montado una causa general contra mí, levantando pruebas donde no las hay para tener una pena anticipada de banquillo, al haber sido sometido a un juicio mediático”.
Sin entrar a rebatir las acusaciones del ministerio fiscal de influir a favor de Grupo Europa, con su prevalencia como diputado y hombre fuerte del PP en Canarias ante una concejal y el alcalde de Telde de entonces (2003-2007), quien fuera mano derecha del actual ministro José Manuel Soria en la Cámara regional de aquella legislatura dijo que “el daño ya está hecho. La pena ha sidoel mismo procedimiento, un asesinato de imagen para acabar con mi vida personal, familiar política y económica con la patraña del todo vale”.
Durante el plenario, el diputado Jorge Rodríguez se negó a responder a las preguntas del fiscal para rebatir o contrarrestar la acusación pública que pesa contra su persona, y solo intervino en respuestas a su abogado defensor, José Aníbal García Álvarez, en el mismo tono grandilocuente y de pose política que el utilizado este viernes, defendiendo que siempre actuó legalmente.
Rodríguez, como el resto de acusados, fueron escuetos y concisos en el turno de última palabra que les concedió la Sala. No así el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, que se extendió por espacio de una hora y media defendiendo su inocencia, atacando al exgerente del Grupo en Canarias y denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, como muñidor de una denuncia falsa para tapar un presunto robo de dinero a su empresa para comprarse un chalet, y sobre todo, señalando al ex jefe superior de la Policía en Canarias Narciso Ortega y a este diario como quienes se dedicaron a “fabricar pruebas” para lo que considera un “montaje”.
Antón llegó a acusar al fiscal Del Río de “mentir”, acusación que le fue afeada por el presidente del tribunal y todavía del TSJC, Navarro Miranda. “Esto ha sido cocinado”, comentó también en su extensa intervención de última palabra, donde llegó a decir que en el momento de su detención había dejado escrito un dossier en el que advertía que dos policías y este periodista “están fabricando pruebas contra mí, con la participación de dos miembros de la judicatura”.
Durante la última sesión del primer juicio por corrupción del PP en la era de José Manuel Soria, la teoría de la conspiración política, policial, judicial y mediática volvió a salir a la palestra, y en un momento dado, hasta el propio Antón Marín reconoció ese mayor peso de la conspiración frente a los hechos denunciados. “Las defensas han dedicado solo un 5% de su tiempo a rebatir las pruebas, porque no hay pruebas; y un 95% a cuestionar la instrucción”, dijo.
Sin embargo, para quien sí hay pruebas es para el ministerio fiscal, como expuso el jueves al mantener la petición de penas para seis de los siete acusados, y también para el denunciante y coimputado, Benítez Cambreleng, quien cerró la sesión pidiendo a la Sala “que mire las pruebas, también las de ellos”, en referencia a las aportadas por Antón Marín y el resto pretendiendo mantener que el denunciante se apropió indebidamente de 240.000 euros para comprarse un chalet en Ciudad Jardín, y después montó la denuncia diciendo que eran pagos de comisiones ilegales en el ayuntamiento de Telde para conseguir un contrato de asesoramiento a Urvitel, empresa municipal de viviendas, y desbloquear todos los problemas para construirlas.