El juicio que se celebra desde el 17 de enero pasado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el denominado caso Grupo Europa, que tiene como principal acusado al diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, se va a extender más de lo previsto: no será hasta finales de abril cuando este caso de presunta corrupción política en el Ayuntamiento de Telde quede visto para sentencia, tras otra remodelación del calendario de sesiones debido a la extensión de los primeros interrogatorios a los acusados, y la última del primer testigo, el viernes pasado, en la que solo le dio tiempo a responder al ministerio fiscal.
Se trata del inspector del Cuerpo Nacional de Policía encargado entre 2005 y 2007 de llevar a cabo la investigación del caso Faycán, matriz de esta pieza separada en la que Anticorrupción ya ha pedido desde el verano pasado cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano (PP). El policía al frente del grupo investigador del caso ya declaró el viernes pasado, cuando fue citado con otros trece testigos para una jornada imposible de cubrir ante el interés de las defensas en extenderse en preguntas con el inspector, al que se le ha reservado ahora todo el miércoles próximo en exclusiva para su testifical.
Así, en una sesión de ocho horas programada entre las 09:00 y las 17:00 del 19 de febrero, el inspector que ya el viernes ratificó todos los extremos de la denuncia del exgerente de esta promotora de viviendas sociales introducida por el diputado autonómico en ayuntamientos gobernados por el PP, comenzará a responder a los letrados de los acusados, que avanzaron, al menos el primero de ellos, que tenían “preguntas para varias horas”.
El inspector también está citado para el día siguiente, jueves 20 de febrero, donde compartirá testifical con otro policía de su Brigada y con el exasesor de la concejala fallecida Toñi Torres, Francisco Gordillo, que en su momento confesó ante el juez instructor el cobro de comisiones ilegales en Telde por parte de su concejal, Toñi Torres, y su papel de intermediario.
La citación a Gordillo se ha modificado del orden inicial -era el decimosexto testigo previsto- por tener billete de avión que le impedía hacerlo en otras fechas, y altera el orden previsto para el resto de policías e inspectores de Hacienda que participaron el 16 de mayo de 2007 en las entradas y registros de la operación policial. Estos, a los que se pretendía interrogar en un solo día el viernes pasado, han sido citados ahora entre el 6 y el 7 de marzo en dos sesiones matinales con las que se continuará el caso. También se ha habilitado el sábado 8 de marzo, por si fuera necesario continuar el interrogatorio a estos doce testigos.
A la semana siguiente, días 13 y 14 de marzo que estaban previstos como jornadas finales del juicio, están citados otros quince testigos, entre políticos, empleados y arquitectos contratados por Grupo Europa para llevar a cabo las viviendas sociales programadas en Telde durante el mandato de PP y AFV-Ciuca entre 2003 y 2007. Entre ellos, el exalcalde Paco Valido, actual asesor del grupo de gobierno del PP en el Cabildo de Gran Canaria y que también se enfrenta a una petición de seis años de cárcel en el caso matriz Faycán, está citado a las 13:00 horas del viernes 14 de marzo. El sábado 15 de marzo también se ha habilitado por si se extienden las declaraciones de esa semana.
El resto de días reservados para los testigos-peritos y peritos serán el 10 y el 11 de abril, con el sábado 12 -vispera de Domingo de Ramos- habilitado también por si fuera necesario, y las jornadas de conclusiones finales serán ya después de Semana Santa, el jueves 24 y el viernes 25 de abril, con la posibilidad de que se extienda, también hasta el sábado 26 de abril.
Hasta el momento y después de declarar los siete acusados y el primer testigo, el caso se ha centrado en la ratificación total de la denuncia del exgerente y también acusado, Francisco José Benítez Cambreleng, quien desveló a la Policía Nacional una trama que pretendía sacar beneficios ilícitos de la promoción de viviendas sociales en Telde, a repartir entre la empresa que defendía ante las instituciones públicas el diputado autonómico y políticos y funcionarios del ayuntamiento gobernado por el mismo partido que el aforado.
Las defensas han querido, por contra, acusar al denunciante y exgerente de haberse llevado de la empresa el dinero que asegura haber sido utilizado para pagar comisiones ilegales -en Telde y también en Mogán-, con el fin de comprarse un chalet, aunque el testimonio de este primer testigo que seguirá declarando la próxima semana ha venido a corroborar la denuncia por un aparente hecho probado: todo lo que les dijo el exgerente fue comprobado por la Policía cuando efectuaron los registros de la sede de la empresa y hallaron correos electrónicos y otros documentos reveladores de la trama.