Los exjefes de Urbanismo y de Patrimonio de Telde, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, han negado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haber cobrado los 30.000 euros que el denunciante del “caso Europa” afirma que les pagó en diciembre de 2005.
Mena y Santana han declinado responder a las preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción y por el denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, que figura como acusado también y ejerce su defensa, al igual que ha hecho hoy la acusada Verónica García, y que hicieron ayer su marido, Juan Carlos Saavedra, exgerente de Urvitel, y el diputado del PP Jorge Rodríguez, también procesados en la causa.
El exjefe de Urbanismo ha dicho que nunca se reunió con Benítez Cambreleng ni con el principal acusado, el empresario José Manuel Antón, al que se acusa de haber pagado 240.000 euros en comisiones ilegales al funcionarios y políticos del Ayuntamientos de Telde entre 2003 y 2006 para poder construir viviendas sociales.
Así mismo, en relación a Jorge Rodríguez, ha dicho que, aunque lo conocía por los periódicos, personalmente lo ha conocido a raíz del proceso.
El fiscal considera que el diputado del PP introdujo a la empresa Gestión de Cooperativas Europa, propiedad de Antón, en los ayuntamientos gobernados por el PP en Gran Canaria y, en concreto, en el de Telde, para que se le favoreciera en la adjudicación de concursos para la construcción de viviendas.
El exjefe de Urbanismo ha dicho que no cobró los 30.000 euros que el denunciante afirma haberle entregado a través de Santana el 23 de diciembre de 2005 con el fin de desbloquear las licencias de obra de dos de las promociones de viviendas que iba a construir Gestión de Cooperativas Europa, tras haber obtenido de forma “amañada” de la empresa municipal “Urvitel” su adjudicación.
Mena ha precisado que esas licencias ya habían sido aprobadas con anterioridad por la Junta de Gobierno, el 12 de diciembre, si bien no fueron entregadas a la empresa municipal Urvital hasta el mes de febrero, y no de enero como sostiene el fiscal
En cualquier caso, Mena ha querido aclarar que “no hay margen de maniobra para bloquear o agilizar” la concesión de licencias porque depende de un “procedimiento reglado”, y que tampoco fueron solicitadas por Gestión de Cooperativas Europa, sino por Urvitel.
También ha negado haber emitido el 22 de diciembre de 2005 un informe jurídico favorable a la concesión de esas dos licencias -un día antes de recibir los 30.000 euros, según el fiscal-, porque ya estaban aprobadas por la Junta Local, por lo que entiende que debe ser un error de fecha del documento.
Mena además ha dicho que las dos parcelas afectadas por esas licencias eran suelo urbanizable y ha negado que la consecución del permiso de obra se obtuviera de forma “mendaz” como afirma el fiscal.
El Ministerio Público sostiene que el técnico exigió el pago de comisiones para tramitar esas licencias y las modificaciones puntuales del plan de urbanismo que precisaban por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Además, en su escrito de acusación señala que Mena obtuvo entre 2003 y 2006 unos ingresos carentes de justificación por 410.539. euros, con los que el acusado ha dicho que “discrepa” y que además la Agencia Tributaria no le ha hecho ninguna inspección.
En cuanto a Santana, del que niega haber recibido dinero, ha señalado que “no pinta nada en un expediente de otorgamiento de licencia” ni en la selección de suelo para la construcción de viviendas, pues es competencia de la oficina de Planeamiento.
El propio Santana ha dicho que nunca se ha reunido con Jorge Rodríguez y que tampoco recibió ningún sobre con dinero los días 23 y 26 de diciembre de 2005, como afirma Benítez Cambreleng.
Ha explicado que con Cambreleng solo se reunió tres veces en su oficina del Ayuntamiento porque el exgerente de Gestión de Cooperativas Europa quería confirmar el listado del suelo facilitado por Planeamiento.
Santana ha afirmado que “nunca” fue a la calle Ferreras con Mena para recibir esos sobres, como denuncia Cambreleng, y que desconocía el contrato que mantenía la empresa de Antón con Urvitel para la construcción de viviendas sociales.
La acusada Verónica García, que según el fiscal obtuvo entre 2004 y 2006 unos ingresos carentes de justificación de 22.556 euros, ha asegurado que en su “casa no ha entrado un céntimo” que no fuera por su trabajo o el de su marido, que también tiene ingresos sin justificar por un importe de 48.392 euros, entre 2003 y 2006.
García ha afirmado que a Gestión de Cooperativas Europa le facturó unos cursos de formación que nunca se dieron a través de la empresa Marisa Informática, con la que había colaborado en otras ocasiones, que se los encargó el propio Cambreleng, al que conoció a través de su marido, gerente de Urvitel.
De acuerdo con el fiscal, las dos facturas que emitió esa empresa por importe de 24.000 euros eran ficticias y sirvieron para pagar una comisión al exgerente de Urvitel.
En esta sesión del juicio ha declarado el primer testigo, de los catorce señalados para hoy, y que tendrán que ser citados para otra sesión.
Este testigo, inspector de Policía, ha ratificado de manera pormenorizada los hechos que le fue relatando Cambreleng, los documentos que le aportó y los obtenidos en los registros que se practicaron a raíz de la investigación, que se convirtió en una pieza separada del caso Faycán, que se investigaba desde 2005 por el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde.