La inspectora de Hacienda que analizó las empresas del principal acusado en el caso Europa, José Manuel Antón, ha señalado este jueves que su “irracional” contabilidad puede tener explicación en el supuesto pago de comisiones ilegales en Telde, denunciado por el imputado Francisco José Benítez Cambreleng.
La inspectora ha declarado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, junto a otro técnico de Hacienda, y ambos han ratificado los informes que efectuaron sobre esta causa, entre ellos, el relativo al acusado José Manuel Antón y las anomalías detectadas las cuentas de las sociedades del Grupo Europa. Esta representante de la Agencia Tributaria ha dicho que no halló una “explicación lógica” a esa contabilidad, que considera “irracional”.
Así mismo, ha indicado que en una hoja de cálculo figuraba un pago de 240.000 euros sin más concreción que “otros gastos”, que no estaba reflejado en la contabilidad de la empresa. Este importe coincide con el que, según el fiscal, fue abonado en comisiones ilegales por el Grupo Europa a funcionarios y políticos de Telde entre los años 2003 y 2006 para conseguir la adjudicación de la construcción de viviendas sociales en el municipio.
La inspectora de Hacienda ha admitido, a preguntas de la acusación, que ese procedimiento contable ilógico podría encajar con un sistema de pago de comisiones ilegal como el descrito por Benítez Cambreleng en su denuncia. “Si se trata de un dinero que se paga en B, lógicamente esas cantidades no se encuentran recogidas en la contabilidad”, ha señalado.
Así mismo, respecto a las facturas por importe total de 64.000 euros que examinó de los trabajos que efectuó para el Grupo Europa el diputado regional del PP Jorge Rodríguez (también imputado en la causa), ha indicado que le resultó llamativo la generalidad de los conceptos, pues para labores de asesoramiento no es habitual que sean tan amplios.
El fiscal anticorrupción Luis del Río acusa al diputado del PP de haber recibido en esos años la citada cantidad, cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias, y lo sitúa como “una pieza fundamental en los ilícitos proyectos” del principal acusado, pues entiende que actuaba como mediador de Antón en los Ayuntamientos gobernados por el PP.
Policías expertos en grafología
En la sesión de este jueves además han declarado cuatro policías expertos en grafología, que han asegurado que la letra que figura en una nota que recoge el supuesto cobro de esas comisiones por 240.000 euros pertenece a la entonces concejala de Urbanismo María Antonia Torres, ya fallecida y que también figuraba como imputada en esta causa, así como en el caso Faycán, de donde partió esta pieza que juzga el TSJC.
Esa nota, donde se reflejaban los 240.000 euros asociados a la construcción de viviendas sociales en Telde, figuraba en el interior de una agenda con anotaciones, cuya letra, según los peritos, también corresponde a Torres, quien supuestamente anotaba en ella el reparto de las comisiones ilegales que se cobraban en el Ayuntamiento e investigadas en el caso Faycán.