La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha retirado el pasaporte al exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, quien fue condenado a seis años y diez meses de prisión por el denominado Caso Europa, por el “fundado riesgo” de que pueda eludir a la justicia huyendo del país.
No obstante, Mena sí que podrá disfrutar de libertad provisional sin fianza y al igual que José Manuel Antón Marín, también deberá acudir los días 1 y 15 de cada mes a la Sala del TSJC a firmar y no podrá salir del país sin previa autorización judicial, unas decisiones que para el Tribunal son “suficientes a la vista de las particulares circunstancias del caso”, por lo que han desestimado la medida del Ministerio Fiscal de prestación de fianza de 150.000 euros.
Por último el auto advierte al condenado de que en caso de incumplir alguna de las medidas indicadas podrán agravarse las medidas cautelares, “pudiendo llegarse a decretar su prisión provisional”.
La vista ha tenido lugar este martes ya que el pasado jueves 2 de octubre el abogado de la defensa, José Gerardo Ruiz Pasquau, no acudió a la cita. Como la semana pasada, la Sala estuvo presidida por Antonio Doreste Armas y los magistrados César José García Otero y Salvador Alba Mesa ya que el propio Mena había presentado un recurso de reposición en el que expresaba que consideraba que los jueces de adscripción territorial de Las Palmas que fueron llamados para celebrar el juicio oral y dictar la sentencia (Pedro Santiago Romero Buck-Arstad y Alejandro Navarro Hernández) no podían ser los mismos que decidieran en la fase procesal posterior. Dicho recurso fue estimado por la secretaría judicial.
Mena había concedido licencias de obra para Grupo Europa, además de tramitar una modificación del Plan General de Ordenación para que estas licencias tuvieran cobertura legal. A ello hay que añadirle que el exencargado de Urbanismo teldense había aceptado un soborno de 30.000 euros para realizar dichos irregularidades. Por ello fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.
La Sala está pendiente de responder a una serie de aclaraciones a la sentencia solicitada por las partes y por el Ministerio Fiscal. A la salida de la vista de este martes Mena protestó porque faltan “3.000 folios en el sumario”, algo que en su opinión no es ejemplar. Así, el plazo para presentar recurso de reposición ante el Tribunal Supremo está paralizado hasta que se produzca la última notificación de la sentencia condenatoria.