Un auto del 16 de agosto de 2013 de la juez de Fuerteventura María Francisca Fustero Aznar es el origen de la imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de la diputada autonómica del PP Águeda Montelongo, por el denominado caso Patronato, una serie de gastos de viaje, hospedajes y hasta vacaciones familiares de altos cargos del PP, entre ellos el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, pagados con dinero público.
La instrucción en la Sala de lo Civil y Penal acaba de empezar, con las declaraciones de dos de los imputados el jueves pasado ante el magistrado Fernando de Lorenzo, si bien hace ya siete meses, con el auto de la juez de Instrucción 4 de Puerto del Rosario al TSJC por la presencia de una aforada, el caso incluía la imputación de la presidenta del PP majorero y exvicepresidenta del Patronato de Turismo, organismo en el que se camuflaron facturas con nombres y justificaciones de pago falsas.
Montelongo no solo ha acusado de su imputación los últimos días al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y a Canarias Ahora, periódico que desveló el caso en febrero de 2011, sino que sigue manteniendo no estar imputada, aunque a la declaración del jueves de los otros dos encartados acudiera en su nombre el abogado José Aníbal García Álvarez, defensor del también diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, en el juicio del caso Grupo Europa. Dice la miembro de la Mesa del Parlamento de Canarias que está “personada”, no imputada.
Fuentes consultadas por Canarias Ahora han asegurado que desde el momento en que el TSJC admitió a trámite la denuncia derivada de Instrucción 4 de Puerto del Rosario, la imputación de delitos de corrupción pasó a ser formal. En el caso de Águeda Montelongo, por prevaricación y malversación de fondos públicos, sin que se descarte falsedad en documento público como apunta la propia denuncia original, ya que firmaba los informes justificativos del pago de estos hospedajes de políticos del PP como si fueran periodistas o agentes turísticos en campañas de promoción de Fuerteventura.
Es más, el jueves declaraban los otros dos imputados en calidad de tal, cuando ante la juez de Puerto del Rosario lo hicieron llamados como testigos, después de la denuncia presentada en mayo de 2011 por el exvicepresidente del Cabildo y exconsejero del PP Guillermo Concepción. Así lo hizo, solo por el delito de malversación [no firmaba nada], el exasesor y auxiliar administrativo del Patronato de Turismo Santiago Herrera Santana, quien en julio de 2011 explicó a la juez instructora que las reservas de hoteles denominadas Famtrips y Presstrips, viajes de familiarización con la isla y de prensa especializada en turismo, que fueron las que se camuflaron con políticos del PP, las hacía por órdenes de sus superiores: la Gerencia, el departamento de comunicación o la secretaria de la consejera.
Herrera Santana aseguró el jueves pasado a Canarias Ahora, antes de declarar ante el juez, que pretendía ratificarse en su declaración de hace casi tres años, a la vez que negó con rotundidad haber escrito el correo electrónico en el que asumía ser el autor de los “errores” a los que el PP alude desde entonces para justificar que políticos del partido pasen gastos de viaje y hospedaje de actos partidistas a un organismo público como el Patronato. “Me quisieron cargar el muerto” dijo el ex cargo de confianza de Águeda Montelongo, cuando esperaba a declarar ante el juez.
El caso Patronato incluyó el camuflaje de gastos en Fuerteventura en 2010 con dinero público del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y de los diputados por Zaragoza y Valladolid Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego, este secretario de Estado de la Seguridad Social en la actualidad, además de gastos de alquiler de un coche por parte del secretario general del PP de Canarias en aquellos años, Manuel Fernández, todos para actos del Partido Popular.