Montelongo, “encantada” de que se dé por concluida la instrucción del caso Patronato
La presidenta del PP en Fuerteventura, Águeda Montelongo, ha dicho este jueves que “está encantada” de que el TSJC haya dado por concluida la instrucción del caso Patronato, en el que está imputada, ya que lleva cuatro años esperándolo, de ahí que desee que el juicio sea en una semana.
Montelongo se enfrenta a la petición del fiscal de cinco años y ocho meses de prisión por delitos de prevaricación, malversación y falsedad relacionados con su etapa como consejera de Turismo del Cabildo, cuando supuestamente autorizó, en 2010, que gastos de hoteles y alquileres de coches realizados por dirigentes del PP se pagaran con cargo al Patronato de Turismo de Fuerteventura.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Montelongo contra el auto que transformó en procedimiento abreviado las diligencias previas del llamado “caso Patronato”, resolución que en un procedimiento abreviado equivale a un auto de procesamiento.
Tras conocer este fallo judicial, la también consejera electa del Cabildo de Fuerteventura ha manifestado que “detesta el juicio paralelo” del que ha sido objeto durante cuatro años por este caso.
“Ojalá sea en una semana, estoy deseando que sea cuanto antes para demostrar mi inocencia”, ha dicho sobre la apertura de juicio oral.
El pasado 20 de marzo, en un informe remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía Anticorrupción interesó la apertura de juicio oral contra Águeda Montelongo y los otros dos procesados en este caso: el exgerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura José Luis Cabrera y el extrabajador del ese organismo Santiago Santana.
Según el fiscal, Montelongo, supuestamente, autorizó en 2010 que se abandonaran diversas facturas con cargo a los fondos del Patronato para pagar a cargos públicos del PP hoteles de lujo y el alquiler de un vehículo en la isla.
Para ello, contó con la colaboración de los otros dos acusados, sostiene la acusación pública, que reclama para ambos penas de cinco años de prisión.
