La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 18 de abril dejar sin efecto la prórroga concedida al juez César Romero Pamparacuatro para seguir con el caso Unión en comisión de servicios. La prórroga se concedió el 9 de febrero pero aún no había tomado posesión de ella por una discusión sobre qué organismo se debía hacer cargo de las dietas. El caso lleva sin juez desde el 24 de diciembre.
En la misma sesión, el CGPJ acordó nombrar tres nuevos jueces titulares salidos de la nueva promoción de la Escuela Judicial que ocuparán los Juzgados de Instrucción 1, 2 y 5. En este último Juzgado está el caso Unión y de él se hará cargo la nueva titular, María Lucía Barrancos Julián, que hasta su toma de posesión el próximo 24 de mayo ejercerá como juez de apoyo.
La investigación del caso Unión ya ha sufrido varias vicisitudes. Primero, el magistrado solicitó un juez de apoyo, al que se presentó voluntario un compañero y tras dar el visto bueno el TSJC y el CGPJ, el Ministerio denegó el refuerzo por motivos económicos y porque no estaba justificada la excepcional carga de trabajo.
Después, al juez se le abrió un expediente sancionador por un retraso en firmar una sentencia cuando estaba destinado en La Palma. El expediente parte de una queja en el servicio de atención al ciudadano y lo inicia la comisión disciplinaria del CGPJ en contra del criterio de su servicio de inspección.
Por último, tras conceder al juez la comisión de servicios por tres meses, al finalizar ese plazo, el 24 de diciembre pasado, no se abordó la solicitud de prórroga hasta el 9 de febrero y se concedió haciendo señalar que era improrrogable. Después, desde el CGPJ se aseguró que había una omisión en la redacción y no quedaba claro quién debía hacerse cargo de las dietas, si el Ministerio de justicia o la Consejería de Justicia, y finalmente se volvió a solicitar otro informe a la sala de Gobierno del TSJC.
Complejidad
El caso Unión es uno de los mayores casos de corrupción de Canarias. Tiene cerca de cien imputados policiales y el juez ordenó 56 detenciones, de los que diez entraron en prisión provisional, aunque ya están todos libres con cargos. Se investigan dos tramas principales, una sobre un soborno para lograr permisos para una urbanización en Playa Blanca y una trama de comisiones ilegales en Arrecife, así como varias piezas separadas.
Entre los imputados figuran funcionarios, empresarios y políticos relevantes tanto de Lanzarote como de fuera de la Isla y de la Península. La Fiscalía Anticorrupción se hizo cargo del caso por la complejidad de las tramas y el carácter de los delitos investigados. En el caso, por otra parte, también se investigan filtraciones ya que algunos de los imputados sabían que iban a ser detenidos.