El plan de viabilidad presentado por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en abril de 2008 era el comienzo de la privatización de la compañía del agua de Lanzarote, Inalsa, según revelaciones del sumario de la 'operación Unión', que investiga el pago de comisiones ilegales en varias instituciones públicas lanzaroteñas. Este plan suponía la inyección de varios millones de euros en la empresa de aguas, que mantiene unas deudas de 38 millones.
Según las investigaciones, el fundador del PIL, Dimas Martín, en el mes de febrero de 2009, reconoce que quiere privatizar el 30 por ciento de Inalsa y en otra conversación dice que le va a dar a Endesa la gestión de Inalsa y le va a vincular los beneficios del parque eólico. Su interlocutor le pregunta si en un año puede empezar el proceso de privatización.
Las conversaciones pinchadas a Dimas Martín en el transcurso de la 'operación Unión' revelan las intenciones del líder del PIL con la empresa pública. A principios de marzo, Tenía previsto viajar a a Madrid para reunirse con representantes de una empresa y comenzar los trámites de privatización de la compañía.
Martín habla con Rafael (probablemente Elorrieta, gerente de Inalsa y su yerno) y le confirma la reunión en el hotel Fénix de Madrid. Pretendían suscribir un crédito para reflotar la empresa, según se deduce de las conversaciones. Dimas dice que “a lo mejor antes de suscribir el crédito ya se ha llegado a un acuerdo de privatización”.
La entrada de esa empresa, según una conversación de Dimas con Rafael González Bravo de Laguna, (representante de la empresa Idagua, filial de la multinacional francesa Saur y consejero de la compañía del agua de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa) sería a través de una ampliación de capital de los ayuntamientos en el Consorcio de Aguas (dueño de Inalsa) con la empresa como socios.
Dimas dice que controlan de sus ayuntamientos el 33 por ciento del Consorcio. Días más tarde, Bravo de Laguna afirma que el Banco de España no permite dar créditos al estar Inalsa embargada y Martín responde que hay un documento que señala que no hay nada embargado ya.
En una conversación con Fernando Troyano (probablemente el subdirector de Tratamiento de Aguas de la empresa pública Acuamed), Dimas le dice que ellos quieren ir a crédito o privatizar una parte y Troyano le apunta que ellos existen para cualquiera de las soluciones. Se quieren ver en Tenerife y enseñarle cómo está montada la empresa de allí.
También revela Dimas a Plácida Guerra, consejera delegada de Inalsa, que tiene pensado reunirse con los italianos que han absorbido Endesa Unelco para que les dejen cinco o seis años para pagar.
Por otra parte, Guerra dice que está preparando contratos por la UTE (Edam Danubio, de FCC, a la que se deben doce millones de euros) por 13 millones y que una vez firmados intervendrá la UTE con un porcentaje (en la empresa de aguas). FCC, por el contrario, quiere embargar las cuentas de Inalsa pero Dimas dice que tiene un acuerdo con Juan Madrigal, directivo de esta empresa en Las Palmas de Gran Canaria.
En mayo, ya con la empresa en proceso concursal, Dimas Martín asegura por teléfono que se podría aplicar una tasa para generar dinero en Inalsa y sugiere que FCC buscara un banco para adelantar el dinero y pagar a Endesa.