A Luis Lleó le quedan pocas cosas por intentar para que el caso Unión, o al menos la parte que le afecta, se quede por el camino y no llegue a juicio. En la pieza que le juzgará por un delito de cohecho por el que la Fiscalía le pide seis años de cárcel ya ha recusado al que debía ser el presidente del Jurado, José Luis Goizueta. Lo hizo en el mes de abril y la recusación aún no se ha resuelto. De momento, lo que ha conseguido es ganar tiempo antes de ser juzgado, porque la Fiscalía presentó su escrito de acusación en mayo de 2013 y aún no se sabe nada de la fecha del juicio.
Pero Lleó y su entorno no se han quedado ahí. De forma paralela, intentan lograr, tanto mediáticamente como en los Juzgados, en las piezas de Unión y en las que las circundan, retrasar todo lo más posible para buscar alguna rendija por la que se anule alguna actuación. Su última ofensiva judicial coincide con la ofensiva de la nueva y desconocida asociación de juristas Jiménez de Asúa, que se ha personado como acusación popular en todas las piezas del caso Unión cuando la instrucción ya estaba terminada.
Por ese repentino interés después de seis años, en algunas piezas no se les ha admitido la personación y en otras se les ha obligado a compartir la dirección letrada con la otra acusación que ya estaba personada desde el principio, algo que no les ha hecho mucha gracia.
La asociación de juristas, en un giro difícil de explicar, ha acabado denunciando ante el TSJC al primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro, algo que ya había hecho antes el propio Lleó, sumando además al fiscal Stampa entre los denunciados, pero que se acabó archivando.
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