El Gobierno de Canarias puede verse tocado de lleno en el caso Unión. Una de las tramas del sumario señala al menos a dos directores generales de esta legislatura, Arturo Cabrera (Comercio) y Paulino Montesdeoca (Patrimonio), como conocedores del inusitado interés del empresario Luis Lleó en vender un inmueble de su propiedad, conocido como La Marina de Naos, para albergar un edificio de usos múltiples en Arrecife.
La Guardia Civil denomina a esta trama Marina de Naos y también Usos Múltiples. Ya el 23 de febrero de este año, en un oficio remitido al juez Pamparacuatro, atribuye al consejero del PP en el Cabildo de Gran Canaria Carlos Sánchez Ojeda un presunto delito de cohecho, en defensa de los intereses de Lleó ante el Gobierno de Canarias.
Sin embargo, de la diligencia-informe que pormenoriza todas las tramas y subtramas del caso, horas antes de iniciar el operativo de las detenciones y registros el 25 de mayo, el juez deja fuera del alzamiento parcial del secreto de sumario una aparente subtrama que relataría la Guardia Civil relacionada con el Gobierno de Canarias, y se centra en el inicio de las operaciones ilícitas a través de los miembros de la Cámara de Comercio. Son ocho folios y medio que siguen bajo secreto sumarial desde el 11 de diciembre.
Es en esa subtrama cameral ya accesible a las partes donde aparecen aún así citados Cabrera y Montesdeoca. En sus conclusiones, los investigadores explican que Luis Lleó también habría recurrido al miembro de la Cámara, imputado en el caso, Honorio Nicolás García Bravo, para que intentase favorecer sus intereses con la venta del edificio.
Por una parte, García Bravo, a cambio de una compraventa en condiciones ventajosas de una de las gasolineras que posee Lleó en Playa Blanca (Yaiza), “estaría convenciendo” al pleno cameral para adquirir una planta del inmueble, y por otra, “haciendo gestiones” a través del Director General de Comercio de Canarias, Arturo Cabrera González, “el cual pudiera haber mantenido conversaciones con una persona llamada Montesdeoca, que pudiera ser Paulino Montesdeoca de La Guardia, en ese momento Director General de Patrimonio del Gobierno de Canarias”.
Los investigadores detectan el interés de compraventa del inmueble ya en julio de 2008, a través de las conversaciones entre Luis Lleó y Honorio Nicolás García Bravo. Los también camerales Fernando Becerra Robayna y Eugenio Romero Betancort participarían en la operación a cambio de una comisión ilegal de 600.000 euros, a repartir entre los dos. Ante el juez, Becerra admitió su participación en el origen de la operación, que finalmente quedaría en manos de los contactos camerales y gubernamentales de Lleó y García Bravo.
Así, del contenido de la conversación entre Lleó y García Bravo, el 24 de julio de 2008, “se deduce que el precio total de la operación es de 14 millones de euros, de los cuales un millón de euros procederían de las subvenciones que recibe la Cámara del Fondo Europeo y el resto del dinero, trece millones de euros, lo abonaría el Gobierno de Canarias, para lo cual utilizarían todos los contactos personales con influencia en el Gobierno canario, tanto de Luis Lleó como de Honorio Nicolás, entre los que podría estar Arturo Cabrera González, Director General de comercio del Gobierno de Canarias, quien podría abrirles las puertas dentro de Gobierno regional”.
La investigación de Unión también alude a problemas financieros del Gobierno de Canarias debido a la crisis económica, que habrían congelado la partida presupuestaria para el edificio “hasta que Soria empiece a soltar dinero, en marzo o abril [de 2009]”, según comentan los implicados en el caso en varias conversaciones teléfonicas. Aún así, Carlos Sánchez Ojeda seguía dando expectativas de éxito a Luis Lleó, hasta el punto de creer este en febrero de este año que la adquisición directa del inmueble estaba prácticamente decidida “en el castillo”, en alusión a la sede de la Consejería de Economía y Hacienda en Las Palmas de Gran Canaria.
Un concurso declarado desierto y reactivado mediante adquisición directa
El edificio de La Marina de Naos, junto al desbloqueo de las parcelas de Costa Roja a través del intento de compra al denunciante Carlos Espino, hubiese supuesto para el principal empresario imputado en el caso Unión su salida a la crisis financiera. Con el estallido del caso, la construcción del inmueble quedó paralizada hasta la actualidad.
El Gobierno de Canarias convocó durante la anterior legislatura un concurso público para la adquisición de un edificio en construcción en Arrecife para albergar dependencias administrativas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue el 21 de marzo de 2007 con Alfonso Fernández Molina (CC) en la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía y Hacienda. El presupuesto máximo de licitación se acercaba a los trece millones de euros a los que alude la investigación: 12.917.500 euros.
Tras las elecciones de mayo de 2007 y el regreso del PP al Ejecutivo en alianza con CC, el concurso fue declarado desierto y se procedió a abrir un expediente de adjudicación directa del edificio en construcción en Arrecife. Fue el 3 de enero de 2008 con Paulino Montesdeoca de La Guardia (PP) al frente de Patrimonio, sustituido a finales de 2008 por Antonio Manuel Vera Aguiar (PP), tras el enfrentamiento interno en el PP de Gran Canaria entre el grupo de Montesdeoca y su jefe regional, José Manuel Soria.