La candidata del PP a la Presidencia de Canarias, Australia Navarro, aseguró este lunes que “el Parlamento y el Gobierno de Canarias deben ser un ejemplo de austeridad para los canarios”, y por ello, planteó que la Cámara regional se reduzca a 50 escaños, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía, “sin que las funciones legislativas y de control y fiscalización del Ejecutivo sufran alteración alguna”.
En este sentido, ofreció un “gran pacto” a todas las fuerzas políticas para “ajustar el gasto público innecesario” de las principales instituciones de la Comunidad, del Parlamento, del Gobierno y del sector público autonómico.
Navarro defiende dentro de su proyecto de regeneración y austeridad en Canarias la descentralización de competencias autonómicas en favor de los cabildos y, en paralelo, la reducción del Gobierno a seis consejerías y la supresión de todas las entidades, empresas, fundaciones y embajadas del Gobierno “que sean innecesarias, que causen pérdidas a las arcas públicas o que compitan de forma desleal en el mercado con la iniciativa privada”.
“En estos años de crisis, el Gobierno de CC y PSOE ha recortado en todas las áreas de los servicios públicos fundamentales que se prestan a los canarios, pero apenas ha reducido el aparato político-administrativo al servicio de la Comunidad autónoma, que representa un gasto millonario para los bolsillos de los ciudadanos”, ha destacado.
Altos cargos
Australia Navarro advirtió de que el plan de ajuste del “chiringuito público” no afectará a los 60.000 empleados públicos de la Comunidad autónoma, “pero sí a los altos cargos, gerentes y directivos del Gobierno y del sector público autonómico, a los que se reducirán sus retribuciones a lo largo de la próxima Legislatura”.
Dentro de esta oferta de acuerdo, la candidata del PP pone sobre la mesa “la eliminación de organismos duplicados con el Estado, como el Diputado del Común y el Consejo Económico y Social, y la supresión inmediata de la Oficina del Gobierno en Madrid”.
Navarro señaló también que “la reducción del aparato político y burocrático de la Comunidad autónoma sigue siendo hoy una necesidad para la economía y la sociedad de Canarias, que no se debe ocultar detrás de la recuperación económica”.