El PSOE encuentra sintonía con LPGC Puede en el control de los recursos públicos
El concejal electo y candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Socialista (PSOE), Augusto Hidalgo, no menciona expresamente la palabra auditoría, pero afirma que si la formación encabezada por Javier Doreste, LPGC Puede – que aglutina a Podemos, Equo, Ganemos, militantes de IUC y Partido Humanista - pone sobre la mesa “el control de los recursos públicos de forma exhaustiva y transparencia absoluta en dicho control” como premisa para sellar un pacto, “nos van a encontrar claramente”.
Revisar todos los contratos y concesiones de la Administración municipal es una de las propuestas que LPGC Puede negociará con el PSOE si así lo ratifica la asamblea. Preguntado al respecto, Hidalgo matiza que “el detalle de cómo se formaliza eso ya lo discutiremos, con negro sobre blanco, en un documento”, aunque añade que “en el fondo del asunto está el mismo objetivo, que es el control y transparencia absoluta en el gasto y los contratos públicos y en eso no creo que vayamos a tener discrepancias”.
Hidalgo ya ha anunciado que entablará conversaciones con LPGC Puede y con Nueva Canarias (NC) para sumar una mayoría que desbancaría de la Alcaldía de la ciudad capitalina al Partido Popular (PP), que no logró refrendar la mayoría absoluta obtenida durante el pasado mandato y en la actualidad cuenta con poco margen de maniobra para sellar alianzas.
El socialista se mantiene a la espera de la asamblea que LPGC Puede tiene previsto celebrar este jueves a las 19.00 horas en el Centro Cívico La Ballena, en donde la formación decidirá si está a favor de iniciar las negociaciones para formar gobierno y, de ser así, cuáles serán las líneas rojas que no se podrán sobrepasar para llegar a un acuerdo.
Aunque respeta el proceso que desarrolla la plataforma, más lento y participativo que al que está acostumbrado, Hidalgo señala que el dialogo con NC está “más rodado” y confía en que la próxima semana puedan mantener una reunión oficial que encamine un pacto que deberá quedar cerrado antes del 13 de junio, fecha límite en la que quedarán constituidos los ayuntamientos.
Doreste no habla de sospechas sobre la gestión alcalde y candidato popular, Juan José Cardona, para pedir una auditoría. “No debe entenderse como un concepto de búsqueda de la maldad, sino de revisión de todos los procesos del Ayuntamiento. Ahí incluimos los pliegos de las contratas, porque nos parece muchísimo dinero en algunos casos y no sabemos si el servicio que se está prestando se adecúa a lo que se está pagando”.
Como ejemplo, señala el contrato con Movistar, por el que el Consistorio abona 1,7 millones de euros al año. “Lo que haremos será revisar ese contrato, porque a lo mejor sí que se necesita para que la Administración funcione”.
Algunas de las propuestas que Doreste espera que queden fijadas como “irrenunciables” en la asamblea se enmarcan en la limitación del número de asesores, suprimir los contratos con bancos que lleven a cabo desahucios y cambiar el reglamento de participación ciudadana “para que sea efectivo” ya que el actual “lo hizo el PSOE y es tan bueno que Cardona no lo modificó”, ironiza.
Hidalgo no desvela las líneas que mantendrá el PSOE durante la negociación y señala el programa electoral como el documento esencial sobre el que basarán sus propuestas. “Yo creo que los programas electorales de las tres fuerzas tienen elementos en común, de fácil aceptación por las otras partes”, apostilla.
Uno de los puntos incluidos en el texto de los socialistas y que LPGC Puede no desprecia se centra en la recuperación del control del agua.
Recuperar Emalsa
Ambas formaciones apuestan por la recuperación del control de Emalsa, entidad que se encuentra en manos de los socios privados Saur y Sacyr. Sin embargo, desde LPGC Puede se muestran prudentes y aseguran que, en primer lugar, un equipo de interventores tendría que fiscalizar todos movimientos de la empresa de aguas “para que se cese la sangría que supone Emalsa para los ciudadanos y para evitar el enriquecimiento de unos pocos a costa de todos”.
“Si encontramos un hueco legal en el que, sin costo para el Ayuntamiento, podemos recuperar la gestión pública del agua lo haremos”, afirma Doreste, aunque insiste en que el objetivo inicial se centra en dar más poder a la intervención y al control de fiscalización.
Tema aparte son las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los vertidos detectados en el litoral grancanario. Doreste apuesta por investigar “hasta qué punto se están cumpliendo las leyes”, porque “el Ayuntamiento no puede ser cómplice por omisión de un delito medioambiental”, lo que podría llevar a la Administración municipal a querellarse contra determinados gestores de la empresa. Hidalgo se mantiene al margen de este asunto y espera a ver cómo evoluciona el proceso judicial iniciado por Izquierda Unida, ya que “no tengo constancia de que se ha cometido ningún delito”.
