La cabeza de la lista de Equo al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Pilar Álvarez, ha apostado por la transparencia en las Administraciones Públicas y ha propuesto que los partidos políticos se responsabilicen de los actos de corrupción de sus cargos electos, de cara a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.
Equo señala que en Canarias los casos de malversación y prevaricación “están a la orden del día” y asegura que “luchará” contra la corrupción política, el favoritismo y la falta de transparencia “en todos sus niveles e instancias de decisión”. Para conseguir este objetivo, adelanta que solicitará un plan abierto para impulsar una “Ley de Transparencia”, que promueva una serie de reformas para la democracia participativa e impulse la colaboración entre la sociedad y los organismos públicos “para abordar el problema de la corrupción”. Entre otras medidas se encuentra la elaboración de un régimen de incompatibilidades más estricto y una ampliación del plazo de prescripción para este tipo de delitos.
En caso de que los delitos sean graves y creen una “alarma social”, Equo propone que el partido político concurra “igualmente a la pena privativa de libertad del condenado”. Explica que “de una forma análoga se le privará, en el caso de la fuerza política, de volver a presentar candidatura en el territorio origen de los hechos y por un tiempo a determinar en el contenido de la ley”.
La candidata reconoce que “la democracia no empieza y acaba en los partidos políticos” por que fija su objetivo en la incorporación de los movimientos y organizaciones sociales en las “decisiones importantes”. Equo adelanta que propondrá en el Parlamento la Ley de Transparencia tras las próximas elecciones, para “que reconozca como bien de dominio público toda la información generada o en posesión de entidades de titularidad pública”.
Además, la formación propone impulsar una ley que regule la relación entre los grupos de interés y presión y las instituciones públicas, para promover la transparencia y la igualdad de oportunidades a los “potenciales afectados por una decisión pública”.
Álvarez afirma que en lo relativo a la financiación de los partidos políticos, “hacemos nuestras las recomendaciones del observatorio europeo contra la corrupción” en referencia a la regulación de préstamos bancarios, la consolidación de las cuentas de los partidos con las ramas locales y entidades afines y la transparencia de la información facilitada.
La formación considera estas medidas “fundamentales” para el desarrollo de “una sociedad plural, transparente, ética y verdaderamente democrática”.