En España, el ciudadano no elige directamente al Gobierno, pero sí a quienes van a elegir al presidente. Por suerte, se conoce de antemano (pactos y coaliciones aparte) lo que los diputados van a votar en el Congreso. La lógica dictaría que cada parlamentario votara por el candidato a la presidencia de su formación, pero ahí entra el juego político, las negociaciones y pactos.
En la práctica, solo dos partidos de ámbito nacional tienen opción a imponer sus candidatos para la Presidencia: PP y PSOE. Desde las elecciones de 1982, ninguna otra formación política ha tenido la oportunidad de elevar a sus candidatos a jefe del Ejecutivo, de ahí que, pese al amplio abanico de partidos que aspiran a conseguir representación parlamentaria, se hable de un sistema de facto bipartidistade facto.
Las formaciones minoritarias se empeñan, por tanto, en conseguir un número suficiente de escaños (más que de votos) para poder influir en la investidura y en la labor legislativa (propuesta y aprobación de leyes, vigilancia del Ejecutivo), siempre y cuando el partido vencedor en las elecciones no haya obtenido la mayoría absoluta en la Cámara.
Pero no solo del Congreso vive el ciudadano. Para el nombramiento de ciertos órganos que tampoco son elegidos de manera directa se requiere el voto de los senadores. Los más relevantes quizás sean el Consejo General del Poder Judicial (50%/50%), el Tribunal Constitucional (33,3%/33,3% -otro 33,3% corresponde al Gobierno y el CGPJ-), el consejo de Radio Televisión Española, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas (50%/50%).