Emalsa ha señalado que el cambio societario de la empresa que gestiona el servicio de aguas en Las Palmas de Gran Canaria “es legal” y que no afecta al control municipal “ni al interés público”.
En un comunicado, la compañía ha explicado que así lo han puntualizado los consejeros privados durante el último consejo de administración celebrado el pasado 23 de octubre.
Emalsa ha comentado que la actual composición del accionariado privado “en absoluto” afecta a la titularidad municipal del servicio “ni al tan recurrente interés público, garantizado por la eficiente gestión de la operadora”.
De igual modo, ha recordado que el Ayuntamiento sigue siendo el titular de los servicios y que puede y debe ejercer el control total sobre los mismos. “Su participación en Emalsa -añadió-, no ha sufrido ninguna modificación, y no han aumentado ni disminuido, con los cambios sufridos, ninguno de los derechos que el Ayuntamiento, como socio público, ostenta”.
Además, la empresa ha explicado que la reestructuración llevada a cabo en el accionariado privado no se ha realizado a espaldas del Ayuntamiento, sino que se ha obrado “con absoluta transparencia, ningún ánimo de fraude, y cumpliendo escrupulosamente los plazos informativos estipulados en la legislación mercantil”.
“La operación societaria -continuó- se ha realizado con todas las garantías jurídicas y dentro de la legalidad más absoluta. Se ha contado con dictámenes previos de prestigiosos despachos de abogados que han avalado la operación, tal y como lo ha hecho, igualmente, la Secretaria del Consejo cuyo informe jurídico obra en poder de su presidente, que fue quien lo solicitó”.
Por otra parte, respecto al “supuesto saqueo” de la empresa y la “intolerable deuda municipal”, Emalsa ha hecho especial hincapié en que los socios privados no han percibido “dividendo alguno” por la inversión de capital y, por lo tanto, recibido remuneración alguna por su inversión después de transcurridos 25 años.
“Los socios privados de Emalsa, los anteriores y los actuales, soportamos una instrucción judicial bajo la acusación de un delito societario inexistente. A instancias del exalcalde Cardona, en 2013 la fiscal de delitos económicos presentó una denuncia por delito societario contra 15 ejecutivos de la compañía y su instrucción aún se mantiene activa. En este periodo la compañía ha sido auditada por Auren, KPMG, Análisis Ingenieros, BDO y, últimamente, Godoy, y no se ha encontrado, por inexistente, quebranto económico alguno para Emalsa, aseveró la empresa
Por último, Emalsa ha lamentado que, mientras que “el Ayuntamiento sigue incrementando la deuda con la compañía hasta más de 38 millones de euros, lo que sitúa a la empresa en pérdidas” los intereses por la demora en el pago “superan los ocho millones de euros, lo que sí afecta al interés público”.