El Tribunal Constitucional se ha dirigido al Estado, al Gobierno de Canarias y al Parlamento canario para que le digan si creen que los artículos impugnados de la Ley de Renovación Turística del archipiélago deben seguir suspendidos o, por el contrario, procede alzar esa medida.
Desde el pasado 11 de marzo, están suspendidos cautelarmente los apartados “a” y “c” del artículo 4.2 de la Ley de Renovación Turística de Canarias de 2013, por efecto del recurso interpuesto por el Consejo de Ministros, que sostiene que vulneran la libertad de empresa y la directiva europea de servicios al autorizar hoteles nuevos solo si son de 5 estrellas.
La ley que discute el Estado consagra, con carácter general, el principio de que en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote solo se autorizará la apertura de aquellos hoteles que procedan de la renovación de un complejo ya existente.
Sin embargo, los apartados “a” y “c” del 4.2 permiten como excepción la construcción de hoteles o complejos de apartamentos nuevos si su categoría es de cinco estrellas o superior.
Esa medida ha provocado las protestas de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y del Cabildo de Gran Canaria, que entienden que el Gobierno de Canarias impide así la construcción de los hoteles más demandados, los de cuatro estrellas, y consagra la ventaja en plazas de la isla de Tenerife.
El Consejo de Estado y el Consejo de Ministros también sostienen que esa ley es discriminatoria e infringe la Constitución y la directiva europea de servicios al autorizar hoteles nuevos solo si son de una determinada categoría.
El Gobierno central ha precisado reiteradamente que no tiene objeción alguna a que se construyan hoteles de cinco estrellas y que el propósito de su recurso es permitir que se autoricen establecimientos de cualquier categoría, dentro del resto del marco normativo que establece la ley autonómica.
Sin embargo, el Gobierno canario interpreta que, al dirigirse su recurso precisamente contra las excepciones (apartados “a” y “c” del artículo 4.2), la suspensión cautelar otorgada por el Tribunal Constitucional impide ahora construir en las islas ningún hotel que no proceda de un proyecto de renovación.
Y con ese criterio está guiando sus decisiones en esta materia desde que el Alto Constitucional dictó la suspensión cautelar.
El Parlamento de Canarias recibió el pasado viernes la notificación en la que el Constitucional emplaza a las partes a pronunciarse sobre si procede o no mantener esa suspensión, al estar “próximo a finalizar el plazo de los cinco meses” que señala la ley para estos casos (en realidad, solo han transcurrido dos meses).
La notificación ha sido difundida a los medios por el grupo socialista, que emplaza al Gobierno central a alzar la suspensión. “Con el recurso y la suspensión, el PP pretendía liberalizar la construcción de cualquier tipo de hoteles en cualquier tipo de suelo, pero al final la jugada ha supuesto un grave daño para la economía y el desarrollo de las islas”, señala el portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Manuel Fajardo.
El diputado socialista opina que el recurso y la suspensión son “una prueba más del escaso compromiso con Canarias del ministro de Turismo, José Manuel Soria, y del PP en general”.
El PSOE demanda “cordura” al Gobierno central y le insta a “dejar atrás una decisión que no hace más que bloquear las inversiones turísticas en Canarias”.